Los futuros magistrados constitucionales no están solo para resolver complejos entramados jurídicos; también tienen la última palabra en procesos que parecen simples, como una demanda laboral para la reinstalación de una plaza o para ordenar el pago de sueldos y prestaciones pendientes.
Con estos argumentos, analistas coinciden en que nadie debería ignorar el proceso para renovar magistrados en la Corte de Constitucionalidad (CC), pues aunque se trate del máximo órgano en materia de justicia, sus acciones no le competen solo al gremio de abogados, sus decisiones que pueden afectar a toda la sociedad.
Por ejemplo, en 2012 la CC emitió resoluciones que respaldaron el Bachillerato con Orientación en Educación, carrera que sustituyó a la de Magisterio y que continuó con un entramado legal que afectó a jóvenes, que, ante la incertidumbre, siguieron otras carreras o abandonaron la escuela.
La CC también define quién tiene la razón cuando hay disputas sobre la operación de alguna empresa en territorio de pueblos indígenas, expedientes que son recurrentes en ese tribunal.
Casos más directos pueden ser los relacionados con demandas laborales, tales como despidos sin justificación en los que la persona afectada busca recuperar el empleo o solicita el pago de salarios y prestaciones pendientes.
Aunque el tema no parezca tan complejo como autorizar una candidatura presidencial, vetar una ley o contradecir al propio presidente de la República, son cuestiones legales que pueden llegar a manos de los magistrados.
“Es factible que un proceso como una reinstalación laboral tenga que ser conocido en la CC. En materia laboral, todos tenemos que estar pendientes, porque existe la jurisprudencia. Esta se da cuando el máximo órgano emite varios fallos similares según las características y las incidencias que lleve. Si hay varios fallos iguales, los demás se van a resolver de la misma manera”, explicó el abogado Alejandro Alfonso.
Estos casos son más comunes de lo que parecen. Solo Alfonso indica que mantiene 15 expedientes por demandas laborales y el caso más antiguo está por cumplir tres años. “Es importante que la población esté pendiente de la toma de posesión de estos nuevos magistrados porque su actuar, sea en materia laboral o civil, afectará, porque una resolución emitida por la CC puede cambiar el rumbo de cualquier actividad o cualquier situación en la vida nacional”, refiere.
Deben fiscalizar
Aunque existen organizaciones sociales que siguen la huella de los procesos de designación de los nuevos magistrados, se requiere que más ciudadanos se sumen a las exigencias de fiscalización y transparencia que garanticen la elección del candidato más apto.
Sebastián Morales, analista de Guatemala Visible, comenta que la mayoría de quienes vigilan el proceso de cambios en la CC son adultos. Eso significa que el espíritu de fiscalización de la juventud guatemalteca parece dormido, a excepción de los líderes universitarios, pero son minoría.
“Para bien o para mal, muchísimas de las disputas, individuales o políticas, se resuelven en la CC. Ha sido quien resuelve las cuestiones más relevantes de la política en el país en los últimos años. El tema al final es que hay cosas que, aunque se resuelvan para alguien más, le afectan a uno. La CC sienta precedentes que pueden servir de guía a otros jueces para resolver ciertos problemas, que aunque yo no decida ir a una corte, si me veo involucrado en algo, mucho estaría condicionado a algo ya resuelto por la CC”, destaca.
Democracia
Los magistrados de la CC deben cuidar la Constitución, velar por que se respeten los derechos de todos los ciudadanos y frenar eventuales abusos de poder del Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial.
Por eso la relevancia de una CC independiente, para que no responda a intereses de grupos afines a la corrupción, según Ximena Aguilar, del Movimiento Landivarianos, quien advirtió de que no preocuparse de este proceso de designación tendría consecuencias serias para el país.
“Es como ponerle un freno a la corrupción, que es uno de los vicios y de los problemas más grandes que tenemos. Ya rompimos récord en corrupción, según el índice de Transparency International. Una de las pocas instituciones que nos quedan y nos defienden de los corruptos y del abuso de poder es la CC. Esta corte nos defiende para evitar que los poderes abusen de los ciudadanos”, resalta la líder estudiantil.
Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas, coincide con Aguilar y señala que es preciso que la población mantenga la misma indignación que mostró cuando se aprobó el presupuesto para el 2021, pues si se llegan a observar irregularidades en alguno de los órganos electores para la nueva CC, la población ya demostró en noviembre pasado que tiene el suficiente poder para corregir a las autoridades cuando es necesario.
El tiempo para la recepción de documentos finaliza mañana. De momento solo tres candidatos buscan el apoyo de los diputados para llegar al tribunal constitucional.
En la Corte Suprema de Justicia, ayer no presentaron pruebas de descargo los tres candidatos pendientes de llevar medios de defensa. Únicamente Dina Ochoa, actual magistrada constitucional, ha entregado esos documentos.
El Consejo Superior Universitario tampoco recibió pruebas de defensa de los cuatro candidatos señalados. Ellos tienen hasta hoy para entregarlas.
Guatemala Visible, la Cámara de Industria y Guate Integra harán un encuentro virtual con candidatos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en tanto que el movimiento Pro Justicia analizará las objeciones presentadas en la Usac y la CSJ.
Por último, Impunity Watch presentará hoy un foro virtual sobre la participación de mujeres en ese proceso según un artículo de Prensa Libre.
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