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El presidente del tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, Giuseppe Pignatone, lo anunció este miércoles durante la audiencia de este proceso en el que están imputadas diez personas por la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado vaticana.
El pasado 17 de marzo, Becciu, a quien el papa despojó de sus derechos cardenalicios al principio del escándalo, rechazó declarar sobre la contratación de Cecilia Marogna escudándose en el "secreto pontificio" que custodia los temas más importantes de la Santa Sede.
Para cerciorarse de ello, Pignatone escribió a la Secretaría y obtuvo la respuesta de su máximo exponente, el secretario Pietro Parolin, quien tras consultar al pontífice, explicó, eximió oficialmente a Becciu de mantener ese secreto papal.
El próximo 7 de abril, Becciu volverá a testificar en el proceso y, esta vez, podrá aclarar, si así lo desea, el papel que desempeñaba la asesora, conocida como "la dama del cardenal" y que es acusada de gastar en lujos grandes sumas de dinero vaticano a cambio de labores de inteligencia y diplomáticas nunca aclaradas.
El origen del procedimiento judicial y los otros acusados
El juicio trata de esclarecer algunas irregularidades en la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado, de la que Becciu era el número dos.
En concreto se centra en una operación de compraventa de un edificio en el centro de Londres que el Vaticano considera una estafa: empezó costando a sus arcas una cantidad estimada de 175 millones de euros y acabó granjeando perdidas por 227 millones.
Al inicio de la investigación, el papa Francisco retiró todos los derechos de cardenal a Becciu y le apartó de su cargo como prefecto de la Congregación para la Causas de Los Santos.
Además del cardenal y la asesora, están imputados el bróker Gianluigi Torzi; Enrico Crasso, financiero de referencia de la Secretaría de Estado, así como el expresidente y el exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), René Brülhart y Tommaso Di Ruzza, respectivamente.
También Mauro Carlino, exsecretario de Becciu; el banquero Raffaele Mincione, el abogado Nicola Squillace y el funcionario de la Santa Sede Fabrizio Tirabassi.
Este miércoles testificó Carlino, quien alegó que es "solo un sacerdote sin competencias administrativas" y que desconocía la existencia de ese edificio antes de enero de 2019, ya en tiempos del actual adjunto, el venezolano Edgar Peña Parra, sucesor de Becciu.
El purpurado en la anterior audiencia rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que el papa cree en su inocencia.
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