Luego de fracasar en el intento de ascender a las Cortes de Apelaciones o a la CSJ, Mynor Moto aspira a una magistratura en la Corte de Constitucionalidad.
Un efímero video bastó para que la aspiración del juez Mynor Mauricio Moto Morataya por integrar la Corte de Constitucionalidad (CC) captara la atención pública. La inquietud surge por no menos de siete resoluciones que benefician a varios políticos y exfuncionarios señalados por actos de corrupción. José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, prófugo por lavado de Q122.3 millones, es uno de los favorecidos.
Moto “es el operador más visible del patrón de impunidad” que siempre ha existido, a criterio de Carmen Aída Ibarra. Sus resoluciones como juez tercero penal dieron un giro a los casos promovidos por el MP y la CICIG. Su debut fue el retardo de 18 meses para cumplir con una apelación que devolvía a prisión a la jueza Marta Sierra de Stalling, sindicada en el caso Bufete de la Impunidad.
El salto que Moto pretende en el año de la pandemia es mucho más ambicioso que el de 2019, cuando fue excluido de los procesos de selección para Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. Sus méritos no dieron para los 65 puntos necesarios para llegar a las magistraturas. Pero esta vez no se mide frente al criterio de colegas o académicos, sino ante la cantidad de votos acumulados. En 2019 ganó con amplia ventaja las elecciones para dirigir la Asociación de Jueces y Magistrados.
Del ámbito personal se sabe que su esposa fue fiscal de la FECI, mientras que sus hermanos figuran en las nóminas del Mides, la PNC y el OJ. Se buscó una conversación con Moto, pero al cierre de esta nota no se recibió la comunicación ofrecida.
Hoja de vida
Moto es doctor en Derecho por la Universidad de San Carlos, graduado con honores Cum Laude; maestro en Derecho Constitucional y abogado y notario. Tiene más de diez años de experiencia en el OJ, donde comenzó como juez de Paz y desde noviembre de 2015 es juez de Primera Instancia. En la evaluación del desempeño, que efectuó el Consejo de la Carrera Judicial, tuvo una nota “sobresaliente” de 89 puntos.
No obstante, sus resoluciones hicieron mella al igual que su falta de experiencia en casos de alto impacto, según los comentarios de algunos postuladores. Otros le reprochan su actitud durante un desalojo, en el que se autodenominó “la orden judicial”, luego de que los ocupantes de un bien inmueble le exigieron una orden para echarlos. Eso es un chiste, un magistrado no puede hacer eso, decían entre el enojo y la burla.
Entra al proceso con un perfil infame, porque durante cinco años ha estado emitiendo resoluciones que favorecen a gente acusada de delitos severos y eso ocasiona suspicacia respecto de los vínculos que pueda tener con los actores del patrón de impunidad.
Nexos
¿Quiénes le apoyan? En julio pasado, tras conocerse que Moto no autorizó la orden de captura contra el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, el presidente del Instituto de Magistrados, Wilber Castellanos Venegas, le expresó apoyo y solidaridad. Pero más allá de la posición gremial, Castellanos fue uno de los operadores de la planilla única de magistrados anulada por la CC. También integró la Corte ad hoc que dio trámite al antejuicio contra los magistrados de la CC.
En el ámbito académico, comparte párrafos en la revista El Operador, que lidera Denis Herrera Arita, entre otros abogados. Herrera es de los postuladores que también fueron mencionados en el caso Comisiones Paralelas 2020.
La familia Moto Morataya también tiene una relación laboral estrecha con la administración pública. Uno de los hermanos menores del juez, Moris Abner, ha sido contratado en instituciones estatales en varias ocasiones, entre 2019 y 2020. En 2019, el MAGA le otorgó, de forma directa, dos contratos como extensionista por Q54 mil. Y este año, el bachiller en Computación, de 29 años, ha logrado contratos por servicios técnicos con el Ministerio de Desarrollo social por Q91 mil 762.36.
Otro de los hermanos, Walter Alberto, ha formado parte de la Subdirección General de Investigación Criminal de la PNC. José Fernando aparece en la nómina de personal administrativo del OJ. Manolo es estudiante de Derecho. La esposa de Moto Morataya, Yesica Ramírez fue parte de la FECI en el MP de 2009 a 2014. Ahora es abogada del Instituto de Atención a la Víctima, el cual maneja Alejandra Carrillo, exdiputada nombrada por el expresidente Jimmy Morales en el cargo.
Los dos antejuicios en su contra han sido rechazados por la CSJ, que también ha librado a diputados como Felipe Alejos, o la comisión permanente del Congreso que desobedeció a la CC.
Las resoluciones de la infamia
Cerró el expediente Bufete de la Impunidad, que benefició a la exjueza Marta Sierra de Stalling, quien es cuñada de la magistrada suspendida del cargo Blanca Stalling.
Frenó la solicitud de antejuicio contra el diputado Felipe Alejos de la bancada Todos, en el caso Traficantes de Influencias.
Declaró el cierre definitivo del proceso contra los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Paiz, señalados por el asesinato de Rodrigo Rosenberg.
Dictó clausura provisional en el proceso contra la exdiputada Mirza Arreaga, señalada por pedirle plazas al exministro de Desarrollo Social Edgar Leonel Rodríguez Lara.
En el caso Libramiento de Chimaltenango se negó a emitir orden de captura contra el exministro de Comunicaciones José Luis Benito.
Sin tener asignado el caso, conoció un recurso del abogado Dennis Herrera, para separar a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, del caso Comisiones Paralelas 2020.
Dictó falta de mérito a favor de Orlando Blanco, señalado por financiamiento electoral ilegal para la campaña de la UNE.
El Periódico
Comentarios