Se tratan de que nuevas normas “ante la continuación y el agravamiento de la actual situación de emergencia sanitaria y la necesidad de adoptar medidas adecuadas para contrarrestarla y garantizar el desarrollo seguro de las actividades”.
El decreto con fecha del 23 de diciembre de 2021 señala que todo el personal (superiores, funcionarios y auxiliares) de los dicasterios, organismos y oficinas que componen la Curia Romana y de las Instituciones vinculadas a la Santa Sede tienen la obligación de “poseer certificaciones”, y esta norma “se extiende a los colaboradores externos y a los que en cualquier otra calidad desarrollan actividades en los mismos organismos, al personal de las empresas externas y a todos los visitantes y usuarios”.
Además, “el personal que no disponga de un Green pass válido que acredite, exclusivamente, que ha sido vacunado contra el SRAS-CoV-2 o que se ha recuperado del virus del SRAS-CoV-2 no podrá acceder al puesto de trabajo y se considerará ausente injustificado, con la consiguiente suspensión de la retribución mientras dure la ausencia, sin perjuicio de las retenciones de la seguridad social y la asistencia social y de la ayuda familiar”.
“La ausencia injustificada al trabajo tendrá las consecuencias previstas en el Reglamento General de la Curia Romana”, añadió el decreto.
Asimismo, quienes “presten servicio en contacto con el público a partir del 31 de enero de 2022 solo se les reconocerá la prueba de cumplimiento de la vacunación con la administración de la dosis de refuerzo posterior al ciclo primario”.
Finalmente, este decreto publicado en L’Osservatore Romano entra en vigor inmediatamente y será publicado también oficialmente en el Acta Apostolicae Sedis.
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