Tras la decisión de los magistrados, el legislador podrá ser investigado por supuestamente agredir a un agente de Policía Nacional Civil (PNC).
La solicitud de antejuicio contra Dávila fue presentada en abril pasado por el Ministerio Público (MP), en seguimiento a hechos que habrían ocurrido en el marco de una manifestación.
La Fiscalía de Delitos Administrativos señaló que el 4 de septiembre de 2020 se recibió una denuncia contra el parlamentario.
En esta se planteaba que agredió física y verbalmente a un elemento policial que estaba presente frente a la sede del Legislativo, donde se desarrollaba una jornada de protestas.
El ente investigador le atribuye el delito de abuso de autoridad, pues considera que se aprovechó de su cargo para realizar actos arbitrarios contra un empleado público.
Tras la decisión de los magistrados, el legislador podrá ser investigado por supuestamente agredir a un agente de Policía Nacional Civil (PNC).
La solicitud de antejuicio contra Dávila fue presentada en abril pasado por el Ministerio Público (MP), en seguimiento a hechos que habrían ocurrido en el marco de una manifestación.
La Fiscalía de Delitos Administrativos señaló que el 4 de septiembre de 2020 se recibió una denuncia contra el parlamentario.
Hechos que involucran a Dávila
El 3 de septiembre del año pasado se realizó una manifestación en los alrededores del Congreso por parte de un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos.
A raíz de esa movilización, algunos parlamentarios no pudieron ingresar a las instalaciones del Legislativo, que permanecía rodeado por elementos de la PNC.
El diputado Dávila se presentó al lugar para intentar mediar ante la situación tensa que se dio, pero en ese momento pronunció algunas palabras contra uno de los agentes policiales, a quien llamó “patán”.
Días después del incidente, Dávila publicó un video en sus redes sociales en donde pidió disculpas por lo ocurrido.
En esta se planteaba que agredió física y verbalmente a un elemento policial que estaba presente frente a la sede del Legislativo, donde se desarrollaba una jornada de protestas.
El ente investigador le atribuye el delito de abuso de autoridad, pues considera que se aprovechó de su cargo para realizar actos arbitrarios contra un empleado público.
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