El joven, cuyo rito funerarios comenzó este viernes, fue declarado fallecido la víspera en el hospital de la capital tailandesa donde fue ingresado para tratarle la herida.
Warit Somnoi recibió el 16 de agosto un disparo que le dejó una bala alojada cerca del cerebro durante una manifestación que se tornó violenta cerca de la comisaría del barrio de Din Daeng, en el norte de la metrópoli.
El político opositor Rangsiman Rome, que ha expresado su apoyo a las protestas iniciadas en 2020 por jóvenes universitarios y que exigen una reforma democrática en el país, informó sobre la defunción en la red social Twitter.
"¿Por qué aquellos que luchan por una vida mejor para su generación tienen que morir? ¿Qué tipo de régimen destruye con tanta crueldad el futuro de la nación?", escribió el político tailandés en un tuit, quien durante el golpe de Estado de 2014 también lideró protestas estudiantiles contra el régimen castrense.
La Policía, quien negó usar munición real para dispersar a la muchedumbre y admitió el uso de gas lacrimógeno y balas de goma, abrió una investigación para aclarar el incidente.
Las autoridades han detenido a un varón y lo han acusado de asesinato, pero este niega los cargos; mientras los manifestantes publican fotografías y vídeos tomadas el día del incidente donde un desconocido dispara entre las sombras de la comisaría de Policía.
El movimiento prodemocracia sigue su lucha
Tras ser interrumpidas por la pandemia de la covid-19, los organizadores de las protestas pretenden reiniciar el movimiento prodemocracia con nuevas manifestaciones a partir de este domingo.
Las protestas comenzaron en julio de 2020 para exigir la dimisión del primer ministro tailandés, la redacción de una nueva Constitución -ya que la actual fue escrita por la extinta junta militar (2014-2019)- y el objetivo de reducir el poder de los militares.
Sin embargo, la demanda más audaz es la reforma de la monarquía con el objetivo de minimizar su influencia política y la enmienda de la ley de lesa majestad, que impone penas de entre 3 y 15 años de cárcel a quien insulte o denigre a los miembros de la Casa Real.
Unos 150 personas, entre ellas los principales líderes estudiantiles, han sido acusados por las autoridades de vulnerar esta ley, criticada por la ONU por ser excesivamente estricta, debido a sus actividades durante las protestas, según la oenegé Thai Lawyers for Human Rights.
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