Ejecutivo decreta estado de sitio en el municipio de El Estor

El presidente Alejandro Giammattei, en Consejo de Ministros, declaró estado de Sitio en El Estor, Izabal, por los enfrentamientos de los últimos días entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. 

Según publicó la Presidencia de la República en el Diario de Centro América este domingo 24 de octubre, “la declaratoria del estado de Sitio se establece al considerar y determinar que en la circunscripción del municipio de El Estor, Izabal, se han realizado acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes, en virtud de que personas y grupos armados han realizado actos de violencia en conta de las fuerzas de seguridad y la libertad de locomoción de los habitantes”.

La medida se impone por un plazo de 30 días a partir de la vigencia del Decreto 9 – 2021, que tendrá que ser conocido por el Congreso de la República en un plazo de tres días, en los que deberá ratificar, modificar o improbar el estado de sitio.

En la publicación se indica que con la medida se restringen los derechos reconocidos en los artículos 5º libertad de acción, 6º detención legal, 9º interrogatorio a detenidos, 33 derechos de reunión y manifestación y 38 tenencia y portación de armas, de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Además, se establece un toque de queda en el municipio entre las 18 y las 6 horas del día siguiente.

Según ha publicado la PNC, un grupo de manifestantes ha bloqueado el paso en una ruta de El Estor por los últimos 18 días y ha impedido el paso de particulares y comercios.

Durante los últimos días, la tensión se ha incrementado en el lugar, pues las fuerzas de seguridad indican que en los intentos de desalojo han sido recibidos con ataques de piedras, palos y armas de fuego.

El sábado último, la PNC indicó que al menos cuatro de sus agentes resultaron heridos de bala durante los operativos para desalojar.

Aparte, el medio informativo Prensa Comunitaria ha indicado que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos para dispersar a las personas que se oponen al funcionamiento de la empresa minera, pero que también los han lanzado hacia áreas pobladas por vecinos.

La Procuraduría de los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que pidió al presidente Giammattei “darle un tratamiento urgente al conflicto, a través de los mecanismos de diálogo que cuenta, a fin de evitar que se incrementen los hechos de violencia, e instruir al Ministerio de Energía y Minas a que obedezca la sentencia de la Corte de Constitucionalidad”.

El jefe de la PDH, Jordán Rodas, indicó en Twitter, que “desde 2019 la Corte de Constitucionalidad ordenó a CGNPronico suspender la licencia de explotación minera, por no haber realizado consulta previa”.

Postura oficial

El Gobierno de Guatemala publicó un comunicado en el que expresa “preocupación por la situación de hostilidad que se vive en estos momentos en El Estor, Izabal, en donde, luego de 17 días de bloqueos ilegales por parte de un pequeño grupo de personas que se presume no residen en la zona, fueron heridos con arma de fuego cuatro elementos de la Policía Nacional Civil”.

“Adicionalmente, resultaron gravemente heridos otros 13 agentes de las fuerzas de seguridad a manos de manifestantes que portaban piedras, machetes, bombas artesanales y otras armas de fuego”, detalla la publicación.

“Otra de las ilegalidades que se están cometiendo es que este grupo de personas que están alterando el orden, bloquean el paso incluso a los pobladores de la zona y han llegado al extremo de requerirles pago para dejarlos pasar”, añade.

Respecto a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, el Gobierno indica:

“La resolución mediante la cual el Ministerio de Energía y Minas (MEM) concedió el derecho minero denominado extracción minera Fénix, a la entidad Compañía Guatemalteca de Niquel (CGN), está suspendida desde el 17 de febrero de 2021, acatando la orden directa de la Corte de Constitucionalidad (CC).  Es importante indicar que otras actividades, como la planta procesadora y otros derechos mineros de la zona que funcionan desde hace varias décadas, no están relacionados con la resolución referida, por lo que, actualmente, su operación está vigente y se considera apegada a la ley”.