Este martes, en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque firmó finalmente el acto legislativo que reglamenta la cadena perpetua en el país, la condena más severa que será aplicada a violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes.
El presidente ya había sancionado el proyecto de ley de cadena perpetua, pero ahora hizo lo propio con el acto legislativo que aprobó el Congreso, en el cual se define la aplicación de la pena para que pueda empezar su aplicación en el país.
En esta reglamentación se definió, principalmente, que la cadena perpetua no será aplicada en todos los casos de violación sexual u homicidio de un menor de edad en el país, sino que deberán evaluarse agravantes.
Tanto en los casos de homicidio como de violencia sexual, los agravantes para imponer la cadena perpetua serán, entre otros, que la víctima sea menor de 14 años, que esté en estado de indefensión o especial vulnerabilidad, ensañamiento y sevicia, que el victimario sea familiar o custodio de la víctima, así como que la acción haya sido deliberada, por ejemplo, para ejercer control social o temor.
El sistema de cuartos y la libertad condicional no regirán cuando la pena impuesta sea la cadena perpetua, así como la prescripción quedará establecida en estos casos después de los 60 años, aunque esta contará con una revisión que, según los ponentes, se estableció para no violar los derechos de los procesados.
En ese sentido, un condenado a cadena perpetua tendrá derecho a la revisión de la pena a los 25 años de prisión. Allí un juez evaluará la capacidad de resocialización del procesado y en caso de considerarlo, enviará a revisión la condena impuesta.
Sin embargo, la reglamentación establece que “cuando haya lugar a la revisión de la pena de prisión perpetua el juez de instancia competente ordenará su modificación por una pena temporal, que no podrá ser inferior al máximo de prisión establecido para los tipos penales de cincuenta años y en caso de concurso de sesenta años”.
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