El MP señala avances, mientras defensores de la niñez dicen que la impunidad se ha incrementado.
La cantidad de denuncias que el Ministerio Público (MP) recibió en los últimos tres años supera por mucho a la cantidad de sentencias condenatorias que la justicia ha dictaminado en ese mismo periodo, lo cual, a criterio de defensores de la niñez es uno de los principales factores por los cuales esta población sigue siendo objeto de vejámenes.
Según las estadísticas del MP, en los años 2018, 2019 y 2020 se recibieron siete mil 438 denuncias por 65 distintos tipos de delitos; de estos, seis mil 339 —el 85%— tiene que ver con agresiones sexuales.
En contraparte, un reporte de la institución detalla que, en esos años, se obtuvieron 274 sentencias condenatorias en tribunales de todo el país. En números, esto significa que, en más del 96% de los delitos, los perpetradores no han recibido un castigo.
Del total de las denuncias, más de tres mil 292 fueron por agresión sexual y agresión sexual con agravación de la pena, dos mil 965 por violación y violación agravada, y cinco por utilizar a menores de edad para actividades sexuales remuneradas.
El MP da cuenta que en esos tres años se obtuvieron 262 sentencias en procedimientos comunes, ocho en procedimientos abreviados y tres sentencias fueron por delitos “menos graves”.
Otros delitos
En cuanto a otro tipo de delitos con bastante incidencia, se registraron tres mil 961 denuncias por maltrato y lesiones leves a personas menores de edad, 521 por amenazas y 72 por homicidio o asesinato.
El director Ejecutivo de la Asociación El Refugio de la Niñez, Leonel Dubón, advirtió que la impunidad se ha incrementado “significativamente” en los últimos años lo que significar que “la justicia no prioriza a la niñez” o bien que “el Estado no le garantiza el acceso a la justicia”.
Parte del problema, apunta Dubón, es que las instituciones trabajan de una forma desarticulada lo que se demuestra en que, incluso, hay conflictos entre los jueces y las instituciones que protegen a la niñez, por lo cual es urgente transformar todo el sistema de protección.
Con el objetivo de reformar esa institucionalidad, se presentó hace algunos años la iniciativa de ley 5285, Ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que llegó a segunda lectura en el Congreso, pero ya no prosperó.
Todo esto redunda en que “se siguen cometiendo delitos en contra de niños, niñas y adolescentes porque quienes los cometen saben que no serán perseguidos o que saldrán libres porque no prosperan las denuncias”, dijo Dubón.
“En el caso de los adultos la impunidad está alrededor del 70%, esto es porque el adulto puede perseguir más la justicia, pero los niños no tienen esa capacidad y si no hay una organización que los acompañe o los padres no tienen el interés, los delitos quedan impunes”, criticó.
Para Luis Fernando de León, Defensor de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, existe una debilidad en todo el sistema de seguridad y justicia, que comienza con que el MP no cuenta con el suficiente personal para investigar y en los juicios no se presentan los medios de investigación suficientes.
Dijo que la consecuencia de los altos niveles de impunidad en delitos contra la niñez es que los delincuentes se sienten en libertad de seguir cometiéndolos y que, en muchos casos, pueden terminar en el suicidio de un menor, si estos son devueltos a entornos donde sufren de violencia o abusos.
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