La juramentación parcial de magistrados de la Corte de Constitucionalidad CC pone en riesgo el estado de Derecho, opinan expertos.
El Consejo Superior Universitario (CSU) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) tienen en sus manos por ahora resolver las impugnaciones sobre su respectiva elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad, luego de que el Congreso decidió no juramentar a los profesionales designados.
La decisión, ayer, de la directiva del Congreso de no juramentar a Gloria Porras, electa por el CSU, obedece a un amparo provisional que obliga a ese ente a conocer una impugnación planteada contra la elección de la abogada.
Porras no podrá tomar posesión hoy; tampoco Nester Vásquez y Claudia Paniagua, electos por el Cang, por impugnaciones pendientes de resolver ante la Asamblea de Colegios Profesionales.
Mientras se resuelven las impugnaciones, seguirán en función los actuales magistrados representantes de dichos entes: Cristina Fernández, por el Cang, y Francisco de Mata Vela, por el CSU.
A Porras aún le queda la vía legal para tomar posesión del cargo, pues, según el abogado constitucionalista Gabriel Orellana, el amparo provisional que detuvo su juramentación puede ser apelado en la CC, acción que deben conocer los nuevos magistrados.
“Al ser provisional no produce efectos de firmeza. Obvio, tiene un impacto publicitario, un efecto de asombro, pero todavía cabe la posibilidad de que lo revoque la Corte de Constitucionalidad”, comentó.
Estado de Derecho
José Echeverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional (MCN), que ha seguido de cerca el proceso de integración de la nueva CC, advirtió de que lo sucedido ayer en el Congreso, sobre todo, es peligroso para el estado de Derecho y para la certeza jurídica que necesita el país.
“El problema es que tanto por el Colegio de Abogados como por el Consejo Superior Universitario había impugnaciones específicas sobre el proceso. Yo no sé si realmente hay un motivo político —del Congreso, para no juramentar— detrás o no, pero creo que es una situación bastante lamentable, por cómo ha transcurrido todo este proceso de elección, que tuvo 28 acciones legales que buscaban repetir o suspender el proceso en general”, dijo Echeverría.
“Esta Corte de Constitucionalidad asume una magistratura con alto grado de desconfianza por parte de la ciudadanía, tanto por cómo se llevó a cabo el proceso como los resultados de la falta de integración, al no juramentar a dos magistrados titulares”, agregó.
El presidente ejecutivo del MCN espera que, “por sanidad del país”, se aclare si hubo algún error o falta de cumplimiento del proceso de elección en el CSU, ya que, de obedecer a un criterio fuera de la ley, podría sentar un “precedente de suspender juramentaciones y que se pueda prestar a juegos de intereses”.
Fue un atropello
Édgar Ortiz, director del Área Jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, calificó de “atropello al estado de Derecho” lo ocurrido en el Congreso.
Explicó que el decreto de integración de la CC aprobado por el Legislativo ya incluía a la magistrada Porras y que la sesión solemne debía ser solo para darle cumplimiento.
El problema fue que los diputados, subrayó Ortiz, “cuestionablemente” incluyeron un artículo que decía que no asumirían aquellos magistrados electos con procesos legales pendientes. “Lo que pasó fue que, meticulosamente y muy coordinadamente, se otorgaron dos amparos en contra de la designación de Porras y el Congreso interpretó que no podía asumir”, precisó.
En todo caso, expuso el abogado, los diputados debieron haber interrumpido la sesión solemne para discutir un nuevo decreto de integración de la Corte, pero no fue así. “Simplemente la Junta Directiva unilateralmente decidió que ella no tomara posesión”, señaló.
Añadió que el amparo que se leyó en el Congreso ordena al CSU que conozca la impugnación planteada en contra de Porras, pero esta por sí sola no es una impugnación; es decir, esta no existe, no hay nada pendiente.
“El Congreso estiró la ley a su conveniencia, violó los procedimientos y, finalmente, de una manera muy burda, pero sobre todo ilegal, boicoteó la toma de posesión de Gloria Porras”, criticó.
Las consecuencias, aseguró Ortiz, son que se “atropelló al estado de Derecho. Hay una división de poderes y el Congreso no es juez. Lo que ocurrió es que la Junta Directiva, ni siquiera el pleno, se convirtió en el intérprete de la Constitución, borrando completamente cualquier tipo de división de poderes”, agregó a Prensa Libre.
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