Durante la crisis sanitaria del covid-19 las fuerzas de seguridad tuvieron a su cargo el cumplimiento de las restricciones, lo cual abrió un espacio que redundó en abusos de la policía.
Como muchos países, entre ellos Guatemala, se impuso toques de queda cuando la pandemia los alcanzó, esto incluía confinamiento para limitar la propagación del coronavirus, por lo que en la Policía Nacional Civil recayó el cumplimiento de las medidas de restricción a través de más puestos de control.
Los supuestos abusos de la PNC se extendieron desde personas particulares hasta contra personal de la industria de comida rápida y servicios de comida. Algunas de las quejas detallan que las fuerzas de seguridad retiraron al personal de restaurantes que atendía a los comensales con servicios para llevar a domicilio antes de la hora establecida, porque se encontraban en lugares aledaños a mercados, los cuales en ese entonces cerraban a las 14:00 horas.
De esta cuenta, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) durante 2020 y hasta el 15 de marzo pasado recibió 475 denuncias contra diferentes actuaciones de las fuerzas de seguridad, entre las cuales existen dos denuncias que documentan los supuestos abusos de agentes policiales.
Entre los casos que conoce la PDH está el de un repartidor que el pasado 6 de noviembre fue detenido en la zona 5 por la Policía; los agentes le exigían dinero a cambio de no detenerlo porque la matrícula de su motocicleta no estaba asegurada, estaba “floja”.
El piloto se negó a pagar el soborno, por lo que habría sido agredido de forma física por los policías y luego trasladado a un juzgado, según consta en el expediente 8486-2020 de denuncias de la PDH.
Dicha denuncia continua en seguimiento de la Procuraduría, porque consideran que existe la posible vulneración de derechos humanos por lo que pidieron un informe al director general de la PNC, según un artículo de Prensa Libre.
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