El Instituto de la Víctima a cargo de la exdiputada Alejandra Carrillo ha concedido contratos a familiares de magistrados de la CSJ utilizado como un bolsón de plazas que sirve para contratar a allegados de magistrados y jueces.
Analistas advierten de la posibilidad que dichas contrataciones se presten al tráfico de influencias.
El Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito fue creado mediante el Decreto Ley 21-2016 y aunque como su nombre lo indica su objetivo es atender a personas víctimas de delitos, en la práctica parece que es utilizado como un bolsón de plazas que sirve para contratar a allegados de magistrados y jueces.
En febrero pasado la entidad que es dirigida por Mayra Alejandra Carrillo de León otorgó un contrato de Q104 mil 642.86 a Seelvyn Salvador Pineda Barales, hermano del actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Antonio Pineda Barales.
De acuerdo con el contrato 006-2021 que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, Seelvyn Pineda deberá prestar servicios profesionales para la Dirección de Recursos Humanos.
Según el portal de transparencia Guatecompras, el hermano del magistrado también ha prestado servicios profesionales para distintas dependencias del Ministerio de Gobernación de 2009 a 2020.
Otros familiares
El pasado 1 de febrero, elPeriódico publicó una investigación en la que daba a conocer que en el Instituto de la Víctima también trabaja Nery Oswaldo Medina Ricco, hijo del también magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Nery Osvaldo Medina Méndez.
Dicha publicación también documentó que Medina Ricco fue empleado en los años 2015 y 2016 de la constructora Montañas Nacionales, S.A. la cual es controlada por el exdiputado Armando Escribá.
El hijo del magistrado tiene un contrato vigente hasta el próximo 31 de marzo, el cual le sujeta a prestar servicios profesionales a la Dirección de Asistencia Legal del Instituto de la Víctima a cambio de Q39 mil 225.81.
En el Instituto de la Víctima también labora Yesica Magaly Ramírez Díaz de Moto, quien es esposa del exjuez Mynor Mauricio Moto Morataya.
Con una plaza de “abogado de planta III”, Yesica Ramírez goza de un salario mensual de Q17 mil 953.90.
Tráfico de influencias
Según el analista político, Renzo Rosal, es llamativo que en este momento el Instituto de la Víctima otorgue contratos a parientes de operadores de justicia.
“Hay que fiscalizar que no se esté dando tráfico de influencias. En este momento hay un proceso de reconfiguración del sector justicia con la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y posteriormente ocurrirá lo mismo con la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones”.
En ese sentido el politólogo considera que “el ceder plazas de trabajo a parientes de magistrados podría ser uno de los medios para aceitar engranajes que mantienen alineados intereses particulares sobre el sector justicia” según una nota de ElPeriódico.
Comentarios