Cuatro años de la tragedia Hogar Seguro Virgen de la Asunción

Durante años las autoridades no dieron respuesta a las denuncias de malos tratos y violaciones de derechos humanos, hasta que los abusos rebasaron los límites y un incendio en el aula donde estaban encerradas 56 niñas acabó con la vida de 41. El país sigue lejos de la protección integral

Hace cuatro años murieron 41 niñas y 15 más sobrevivieron al incendio que ocurrió en el aula de pedagogía del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. La situación que atravesaban los menores que residían en estos hogares acapararon la atención de medios de comunicación, organizaciones y ciudadanos, porque se supo que sus derechos eran violentados.


El Hogar Seguro Virgen de la Asunción era una residencia de abrigo y protección que estaba bajo la tutela de la Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), y albergaba a más de 600 menores con diferentes perfiles y necesidades. Durante años se supo sobre denuncias de malos tratos, malas condiciones de vida, y violaciones de derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y personas mayores de edad que padecían alguna discapacidad.


Hasta que el 7 de marzo del 2017 un grupo de adolescentes escapó del Hogar Seguro como reacción a los malos tratos, malas condiciones y vejámenes que sufrían en el lugar. No obstante, los menores fueron capturados, algunos por la Policía Nacional Civil (PNC) y otros por el personal de la SBS, en San José Pinula, carretera a El Salvador y otros lugares. Por esa razón en la madrugada del 8 de marzo 56 niñas fueron encerradas en el aula y 43 niños en un auditorio. Los dos salones fueron cerrados con candados y quedaron bajo custodia policial.


Pero un incendió comenzó en el aula de las menores, el cual se supone fue provocado por ellas para que las dejaran salir del lugar, según la investigación del Ministerio Público, en donde murieron 41 niñas y 15 sobrevivieron.


El informe “Las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Un camino hacia la dignidad”, elaborado e impreso por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala en noviembre del 2018, concluyó que pese a las acciones y esfuerzos institucionales quedaban pendientes de realizar cambios en el modelo de protección de la niñez con reformas estructurales que permitan garantizar sus derechos, pero de forma particular para los que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad y pobreza.


Además, resaltó que el Estado tenía la oportunidad de extraer las lecciones aprendidas de la tragedia para avanzar en la adecuación de medidas, cambios y reformas necesarias para transformar las perspectivas de las niños y adolescentes.


Además, entre sus recomendaciones instó a revisar los criterios de institucionalización de los menores para que sea con un propósito legítimo y necesario, establecido en ley para evitar las estigmatizaciones como “riesgo social”.


Acciones

Para Carlos Gómez, subsecretario de Protección y Acogimiento, el tema de sobrepoblación en los hogares les preocupa, por lo que sostienen una comunicación más estrecha con los jueces para hacerles de su conocimiento cuáles son los limites en las residencias. Además, formaron un equipo de respuesta inmediata, el cual está integrado por personal del Organismo Judicial, Procuraduría General de la Nación y SBS para reducir la sobrepoblación y mejorar la atención a los menores y personas mayores de edad que siguen en las residencias.


Gómez resalta que el año pasado hubo una desinstitucionalización al proceso, en donde buscaron el recurso familiar idóneo de los menores, por lo que redujeron el 66 por ciento el hacinamiento en relación al 2019. Mientras que en el tema de estigmatización señala que la población tiene una percepción de que todos los menores que están en las residencias son agresivos y problemáticos, pero han lanzado campañas en las redes sociales en donde exponen las actividades lúdicas que hacen con ellos.


Además, indica que el año pasado solicitaron una ampliación presupuestaria de Q59 millones en el Congreso, pero están a la espera de la respuesta a su solicitud. El funcionario agrega que en mayo del 2020 formaron una comisión de evaluación integrada por dos profesionales para efectuar supervisiones en todas las residencias y diseñaron un instrumento con 25 indicadores para evaluar la eficiencia y eficacia de la utilización de los recursos y atención a la niñez y adolescencia. Bajo estos indicadores, entre tres y cuatro residencias deben mejorar aspectos de los que evalúan.


También implementaron un protocolo para conocer denuncias presentadas por la niñez, adolescencia, los familiares de los residentes y los trabajadores de la SBS. Gómez resalta que el año pasado hicieron 355 talleres para el personal con el fin de que aprendieran cómo hacer contención mecánica o psicológica para mejorar la capacitación y profesionalización entre los trabajadores.


A raíz de la tragedia en el Hogar Seguro, las autoridades implementaron 21 residencias en donde en una hay hasta 80 menores, porque son primera infancia, pero en promedio tienen entre 20 y 25 menores para que la atención sea personalizada y el manejo de los niños y adolescentes sea el adecuado. Gómez detalla que en las residencias hay 660 niños, adolescentes y mayores con discapacidad sin familia, y 89 en el programa de acogimiento familiar. La SBS reporta que 431 menores abandonaron el proceso de protección especial en el 2018, 608 en el 2019, 207 en el 2020, y 31 del 1 de enero al 26 de febrero del presente año.


Mayores esfuerzos

Para Carlos Carrera Cordón, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Guatemala, expresa que después de la tragedia ha habido algunas mejoras en el sistema de protección infantil, pero no son suficientes para construir un verdadero sistema integral que proteja a los niños de los abusos.


Además, señala que no existe un marco legal apropiado que deje claro los roles y funciones y debería de discutirse la propuesta de ley 5285, que tiene como fin crear un sistema de protección integral a la niñez y adolescencia, el cual funcionaría como ente rector para absorber a la SBS y PGN.


“Consideramos que es una propuesta interesante que deberían tomar en cuenta los miembros del Congreso y analizarla, porque puede mejorarse. Tiene grandes fortalezas. Primero crea una verdadera instancia rectora y coordinadora, el Instituto de la Niñez, que podría acabar denominándose”, explica. También que es importante que el sistema de protección tenga presencia en todos los municipios del país.


Carrera Cordón indica que han dado acompañamiento a la SBS en algunos servicios como en el proceso de deportación de menores migrantes no acompañados, han puesto a prueba algunas programas alternativos para que los menores sean acogidos por programas de acogimiento temporal.


Mientras que Otto Rivera, director del Observatorio de los Derechos de la Niñez, opina que el país no tiene ningún sistema de protección para la niñez y adolescencia, sino que lo que tiene son instituciones que trabajan de forma aislada y de manera directa e indirecta en sus derechos, con una mirada de poco alcance.


Agrega que debería apuntarse a 340 sistemas municipales de prevención a la violencia y como mecanismo operativo establecer entornos protectores de los niños y adolescentes. Rivera afirma que cuando se conforme el sistema integral de protección tendrán prioridad para el Estado, porque ahora no lo son detalla un artículo de Prensa Libre.

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