Idoneidad, preparación y honradez son cualidades que no pueden faltar en quien desee ser magistrado en la Corte de Constitucionalidad (CC); sin embargo, analistas ven riesgo en que pese más una designación que premie los intereses políticos y hasta la amistad por encima de las capacidades.
En lo que va del proceso se han detectado casos de conflictos de interés dentro del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en el Congreso y hasta en la Presidencia y su consejo de ministros.
El pasado fin de semana finalizó la recepción de expedientes para los candidatos que buscan apoyo en el CSU. En total 19 profesionales aspiran al cargo en la CC en representación de la Usac, entre ellos el abogado Omar Barrios.
Uno de los primeros choques de intereses podría darse en la Usac. Según Alianza por las Reformas, el abogado Barrios prestó sus servicios a Murphy Paiz, rector, cuando este último fue mencionado en una investigación del Ministerio Público.
El segundo escenario de eventuales conflictos estaría en el Legislativo, donde suenan los nombres de Luis Rosales, exabogado de la familia Ríos Montt, y Manuel Conde, jefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN).
Conde dijo que entre sus prioridades no está ser magistrado, pero admitió que entre las bancadas afines sí se está considerando. “En la alianza que tenemos los partidos de centroderecha se ha hablado de esa posibilidad. Soy absolutamente sincero, eso no ha estado nunca entre mis objetivos. Me hice abogado para desarrollar una carrera política, no para ser juez”, manifestó. La decisión que tome la alianza oficialista se daría a conocer en los próximos días, según el congresista.
Estos rumores también alcanzan a la Presidencia, que hasta ahora no ha expuesto siquiera el perfil que está buscando para la designación. No obstante, el nombre de Leyla Lemus, secretaria general de la Presidencia y persona de confianza del mandatario Alejandro Giammattei, es el más escuchado.
Independencia
Las decisiones que tomen los órganos colegiados en la designación de los magistrados a la CC tendrán consecuencias desde diferentes escenarios. Por ejemplo, en lo penal pueden allanar o cerrar investigaciones; en la política, avalar o frenar una candidatura presidencial.
Por eso es primordial que exista verdadera independencia en los procesos de designación, por encima de la afinidad, sostiene Ximena Aguilar, integrante del Movimiento Landivariano.
“De nuevo no se cumple con este deber ser, ni con el espíritu de que la CC se mantenga autónoma e independiente. Por ser un órgano de control debe estar separado de poderes políticos y desde ya se ve que en el proceso no hay transparencia, no se quiere dejar que la población fiscalice. El presidente Giammattei lleva toda su gestión siendo opaco, unilateral en muchas decisiones, cuando se supone que representa la unidad nacional. Y nunca ha sido así porque no hay procesos consultivos que demuestren la disposición de escuchar a la población”, refirió.
Otro de los nombres que ronda para seguir en la CC por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) interina es Roberto Molina Barreto, excompañero de fórmula de Zury Ríos en las elecciones del 2019.
“También se habla mucho de Luis Rosales, que fue abogado de Zury Ríos, y eso es preocupante, porque parecería que muchas personas vinculadas a Zury quisieran llegar para asegurar su futura candidatura presidencial, un poco como sucedió con Ríos Montt, que cooptaron la CC con ese fin”, enfatizó Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas.
Poca transparencia
En la etapa de recepción de documentos se ha visto mayor apertura por parte del CSU y la CSJ, pero está pendiente la parte medular del proceso que implica la evaluación de expedientes, entrevistas y la votación, indicó Sebastián Morales, analista de Guatemala Visible.
Las garantías de transparencia están en duda desde la propia Casa Presidencial, ya que el vicemandatario Guillermo Castillo envió una carta a Giammattei para solicitarle que el acto esté abierto a la fiscalización, que permita conocer el perfil que se busca y el calendario para el proceso.
La secretaria de Comunicación de la Presidencia, Patricia Letona, respondió sobre la carta: “La Constitución es clara al establecer que el magistrado representante del Ejecutivo ante la CC deberá ser designado por el Presidente. Es a él a quien confiere ese mandato y lo hará, como lo manda la ley, en el consejo de ministros”.
El proceso en el cual también se observa poca claridad es el que llevará a cabo el Colegio de Abogados, tarea que quedará a cargo de su nueva junta directiva indicó Prensa Libre en un artículo.
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