La hija de Sandra Torres, la hermana del exdiputado Juan Manuel Giordano y la esposa del juez Mynor Moto son algunos familiares de políticos contratados por el Instituto de la Víctima.
Cada institución de Gobierno es utilizada por los políticos de turno como una agencia de empleos para sus familiares, partidarios y amigos, el Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito dirigido por la excongresista del Partido Patriota, Alejandra Carrillo, no ha sido la excepción.
Aunque apenas acaba de iniciar su función en septiembre pasado (fue creado por el Congreso en marzo de 2016, pero hasta en diciembre de 2019 Jimmy Morales nombró a Alejandra Carrillo como su primera directora) por sus pasillos desfilan diputados y políticos de todas las agrupaciones quienes llegan a presentar a sus recomendados, muchos de ellos no cuentan con experiencia en el área en la que se les contrata.
Con un presupuesto de Q40 millones en 2020, el Instituto solo ejecutó Q20 millones de los cuales, más de Q14 millones fueron para salarios, bonificaciones y pago de prestaciones al personal contratado.
En enero de 2020 la institución contaba con apenas 11 trabajadores, sin embargo, cerró el año con una planilla de 114 empleados fijos y 10 asesores bajo renglón 029, la mayoría de ellos recomendados por políticos de distintas corrientes, entre ellos Miguel Martínez, quien aseguró al medio de comunicación elPeriódico que un empleado vio como varios expedientes de trabajadores recomendados por el exdirector del Centro de Gobierno eran recibidos por Carrillo.
Personal de la institución señaló que pese al incremento de contrataciones, la atención para las víctimas es mínima. “Tenemos personal pero no se atienden los casos, es raro que se atienda a la gente, el trabajo que se hace es mínimo, el presupuesto debieron haberlo gastado en poner a funcionar esos programas, prestarle servicio psicológico a las víctimas, brindarles atención médica, etcétera, pero con más de cien empleados hay días que no se atiende a nadie, no llega nadie y cuando llegan son pocos”, indicó un trabajador que pidió no ser citado para no entrar en conflicto con Carrillo reveló una investigación de El Periódico.
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