Diversas organizaciones, analistas y hasta el vicepresidente le piden a Giammattei un proceso de elección pública como un compromiso en contra de la corrupción.
Conforme avanzan los días y se acerca la fecha para la designación de los magistrados que estarán al frente de la Corte de Constitucionalidad del 14 de abril 2021 al 14 de abril de 2026, incrementa el clamor para que el presidente, Alejandro Giammattei, convoque a postulantes, reciba expedientes, se evalúe perfiles y se vote públicamente en Consejo de Ministros por las designaciones que le corresponde al Ejecutivo.
Así lo ha manifestado el Movimiento Pro-Justicia, cuyos miembros y panelistas expresaron en un conversatorio la semana pasada, entre otros puntos de vista, que de momento del Ejecutivo no se espera más que una designación “discrecional y con secretismo”.
“No harán convocatoria pública. A lo más que se puede aspirar es que se cumplan con los requisitos legales, como que la elección se dé en Consejo de Ministros”, indicaron.
Además, señalaron que “estamos ante la manipulación del derecho por parte de los políticos, en referencia a las diferentes prácticas utilizadas para eludir la transparencia y copar las instituciones que tendrían que hacer valer la democracia”.
Por su parte el movimiento Justicia Ya, expuso en un comunicado que los próximos magistrados de la CC deben ser capaces e independientes. A la vez, instaron a desarrollar procesos de elección públicos y abiertos a la participación ciudadana de todos los entes que designan togado, entre estos, el presidente Giammattei.
Además, recordaron algunos de los requisitos que no deben ser obviados al momento de la elección de magistrados como “tener un compromiso comprobable en favor de la lucha contra la corrupción, haber hecho uso adecuado de fondos públicos en caso de haber trabajado para el Estado, no contar con tachas, no haber llamado a desobedecer resoluciones judiciales”, entre otras.
A este pronunciamiento se ha sumado el Vicepresidente, Guillermo Castillo, quien este lunes hizo público un oficio que envió al presidente, Alejandro Giammattei, en el que señaló que “es imprescindible que para transparentar y prestigiar el proceso de designación de Magistrado Titular y Suplente que nos corresponde en Consejo de Ministros, se inicie un proceso de postulación pública”.
El vicemandatario manifestó al medio de comunicación La Hora que “la Constitución no dice que escoja a dedo. Debe tener a la vista los mejores perfiles y eso sólo se logra a través de un proceso público para que los candidatos se enteren y se postulen. El Consejo de Ministros debe tener toda esa información para saber a quién están apoyando”.
Mientras que el integrante de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, declaró que al igual que ocurre en otras instancias encargadas de elegir magistrados, el Ejecutivo también debiera hacer la selección abierta.
Sin embargo, denunció que “el plan del presidente es tener cooptada la Corte de Constitucionalidad, de hecho hay un plan con el Congreso, con la Corte Suprema y otros poderes, para tener el control de la Corte de Constitucionalidad, así que no extraña en nada que se niegue a hacer un proceso en el que haya transparencia y en el que se busque al mejor jurista posible para representar al Ejecutivo en esa Corte, porque al presidente no le interesan las instituciones y su buen desempeño, a él lo que le interesa es tener control y poder sobre ellas”.
Por su parte, Lorena Escobar de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), indicó que lo deseable es que el mandatario tuviese la disposición de realizar un proceso abierto para mostrarle a la población los criterios por los cuales va a seleccionar y después designar un magistrado a la Corte de Constitucionalidad. “Eso da señales de transparencia, de buena voluntad, y, además, de una u otra forma, contribuye a la legitimidad que podría necesitar esta persona que tomará puesto”, añadió.
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