El Ministerio Público realiza 13 diligencias de allanamiento para arrestar al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito Ruiz, y ocho personas más vinculadas en el caso Libramiento de Chimaltenango.
Las autoridades realizaron diligencias en inmuebles de familiares de Benito Ruiz para lograr ubicarlo. De acuerdo con la Fiscalía Contra la Corrupción, esto es porque al exministro, que se encuentra prófugo, no le aparece ninguna salida legal de Guatemala.
El principal allanamiento se hizo en una de las viviendas propiedad del exministro José Luis Benito. Las autoridades no informaron en dónde está ubicada la residencia, ya que los operativos se encuentran en desarrollo.
La nueva orden de aprehensión
De acuerdo con la información compartida por el MP, se giró una nueva orden de captura contra el exministro de Comunicaciones y siete personas más, quienes fueron beneficiados por el juez Mynor Moto Morataya (con orden de captura vigente), quien decretó falta de mérito a favor de estos, el 16 de octubre de 2020.
El MP informa que se giró una orden de arresto más, en contra de otro funcionario del antiguo Registro de Precalificados de Obras, ya que también se sospecha de su participación.
Hasta el momento, han arrestado a cinco personas identificadas como: Mayra Alejandra Gordillo Mendoza, Mario Alberto Rojas Alvarado, Gustavo Alejandro Fong, Yorik Alexander Campos Morales y Alvaro Castillo Valdez.
La fiscalía informó que analiza si solicitarán otra orden de captura contra el exjuez Moto Morataya, quien tiene orden de captura internacional por el caso "Comisiones Paralelas 2020", ya que mantuvo retenido durante tres meses, el recurso de apelación presentado para dejar sin vigencia la resolución que benefició a implicados en el caso del Libramiento.
Caso por lavado de dinero
Por su parte, Benito ya tiene una orden de captura vigente por el delito de lavado de dinero. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) lo busca, pues se sospecha que es el propietario de los más de 122 millones de quetzales (Q122,824,198.60), localizados en 22 maletas, en el interior de una residencia en la Antigua Guatemala.
El 28 de enero, el Juzgado de Extinción de Dominio declaró con lugar el abandono de los bienes, ya que Benito nunca reclamó el dinero, y este pasó a ser propiedad del Estado.
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