Previo a la interpelación de Reyes, la oposición buscó que por medio de un punto resolutivo se recomendara a Giammattei de su destitución, pero el oficialismo lo respaldó.
El ministro de Gobernación, Gendri Rocael Reyes Mazariegos, será interpelado por la oposición en el Congreso, debido al actuar de la Policía Nacional Civil (PNC) durante las manifestaciones de noviembre pasado, en las cuales cientos de personas exigían la renuncia del presidente Alejandro Giammattei por diversas decisiones gubernamentales, entre ellas, la aprobación del presupuesto para este 2021.
Reyes Mazariegos fue ascendido de viceministro de seguridad, después de ocupar por diez meses el cargo, a ministro, es decir estaba empapado de las obligaciones y de todas las responsabilidades que conlleva esta cartera tan delicada.
No obstante, su ascenso fue criticado fuertemente por algunos sectores, diputados y personas que representan la sociedad civil, porque consideran que no es idóneo para ocupar el cargo.
Los casos de abuso policial fueron grabados en vídeos y fotografías por los manifestantes y analistas en temas de seguridad pública afirman que hubo exceso del uso de la fuerza policial para reprimir y disolver las protestas.
Reyes sustituyó a Oliverio García Rodas en noviembre pasado, después que la cartera pasó más de dos semanas a cargo de forma interina de la tercera viceministra de Prevención de la Violencia y del Delito, Claudia Haydée Díaz León, quien también tomó el cargo cuando el anterior ministro, Édgar Godoy, solicitó permiso por quebrantos de salud. Díaz León renunció al cargo cuando fue nombrado Reyes.
En el primer año de gobierno del presidente Giammattei tres ministros de Gobernación hubo tres cambios de ministros de la cartera del Interior. Además, el exdirector, Ervin Mayén, y el exdirector adjunto de la PNC, Rony Espinoza. Los dos comisarios fueron removidos sin ninguna justificación por el exministro Enrique Degenarth, pero con la administración de Godoy regresaron para dirigir las filas de las fuerzas de seguridad.
Otro de los cambios relevantes en Gobernación fue la destitución del exdirector del Sistema Penitenciario, Jorge Flores, en su lugar llegó Luis Rodolfo Escobar.
Desatinos
Para Francisco Jiménez, analista del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), uno de los errores de conducción estratégica fue que el exministro García Rodas dio marcha atrás al Acuerdo Ministerial de la creación de la Unidad de Análisis de agresiones o ataques a defensores de los derechos humanos–que dejó de funcionar con Degenhart–.
Jiménez señaló que otro de los desatinos es que no existen criterios claros en el nombramiento de las autoridades policiales, porque restituyen a comisarios que fueron destituidos y que a los pocos meses de nuevo los sacan de la PNC.
“Nadie va a tomarse la molestia, primero de traer a comisarios a la Policía y al poco tiempo los sacan. Sin tener claro, al menos, en la opinión pública, una razón o criterios del por qué hicieron esos cambios y lo que implica que los hagan. (…) Esto tiene un impacto en la Policía porque es una institución jerarca y disciplinada”, opinó.
Lizandro Acuña, analista en temas de seguridad y justicia, explicó que este ministerio es uno de los que más cambios en sus dirigentes registra y no solo en este gobierno, sino tomando en cuenta otras administraciones, lo cual genera desestabilización en el buen funcionamiento de la institución, porque no permite que un funcionario público desarrolle sus planes y programas.
Señaló también que el ministerio del Interior ha tenido un declive desde la administración de Degenarth, quien debilitó de forma total la PNC y socavó los avances que se dieron con el exministro Francisco Rivas. Por lo que ve importante que los funcionarios que ocupan este cargo no estén vinculados con el crimen organizado y corrupción.
Durante la citación que efectuó la oposición en noviembre pasado a Reyes y, al director de la PNC, José Antonio Tzubán, el diputado Carlos Barreda señaló que el ministro se “apropió” de más de Q650 mil de viáticos asignados a agentes de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), tan serio fue que, Carlos Castresana, excomisionado de la extinta CICIG, pidió su destitución. Barreda también afirmó que el ministro extorsionó prostíbulos.
Mientras que Eleonora Muralles, presidenta de Familiares y amigos contra la delincuencia y el secuestro (FADS), va más allá y señaló que durante el gobierno de Jimmy Morales el objetivo fue debilitar la PNC, se percibe que las fuerzas de seguridad están totalmente destrozadas con todos los cambios que han hecho, pero en noviembre pasado se rebasó el vaso cuando la respuesta de los policías fue irrespetar la vida y los derechos humanos de los manifestantes.
Indicó también que pareciera que la línea de acción de este gobierno es el manodurismo y la represión, lo que significa una total violación a los derechos humanos de las personas.
Desafíos
Jiménez identifica cinco desafíos en seguridad ciudadana para los siguientes años de gobierno, el primero es regresar al concepto de seguridad democrática, porque durante el 2020 se perdió, en el sentido, del poder civil.
Además, señala que se debe readecuar e implementar la política de prevención de la violencia y el delito, porque se deben de tomar las medidas adecuadas ahora para ver los resultados en una década aproximadamente. Dice también que se debe fortalecer las capacidades entre el Ministerio Público y la PNC para fortalecer las investigaciones como delitos de elementos de estructuras y no individuales resaltó Prensa Libre.
El exministro de Gobernación resalta que se deben combatir adecuadamente las extorsiones, abordarlas desde el caso de imitadores y de pandilleros. Asimismo, se debe fortalecer la institucionalidad de la PNC, sobre todo para la asignación de mandos y ascensos en las filas de las fuerzas de seguridad.
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