La cooperación que EE. UU. brindará en los próximos años a Guatemala estará enfocada en las comunidades expulsoras de migrantes, informó una importante funcionaria del gobierno estadounidense.
Roberta Jacobson, una vieja conocida de la diplomacia estadounidense, quien ahora es asistente especial del presidente Joe Biden, y también encargada de coordinar la frontera suroccidental, precisó que “hemos aprendido bastante” durante la administración de Barack Obama en cómo enfocar la asistencia en las comunidades “que son las que mandan migrantes”.
“Necesitamos conformar socios en la sociedad civil y en el sector privado, porque a mí me parece que no han contribuido suficientemente al bienestar de estas áreas”, afirmó Jacobson ayer durante una conferencia de prensa telefónica.
La funcionaria subrayó que solo la asistencia de EE. UU. no es suficiente y se requiere la colaboración de los gobiernos de los países de la región quienes deben concretar reformas para el combate a la corrupción y así asegurar que los fondos sean usados de manera eficaz.
Jacobson, también embajadora de EE. UU. en México del 2016 al 2018, insinuó que podría retomarse el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica que a su juicio no fracasó, puesto que fue interrumpido durante la administración del expresidente Donald Trump cuando “quizá estaban a punto de ayudar a las comunidades”.
“Había sido un esfuerzo fuerte de US$750 millones para el Triángulo Norte para cambiar las causas fundamentales de la migración, como la pobreza, seguridad económica y seguridad”, aseguró.
Agregó: “No podemos decir que esos programas no fueron exitosos porque todavía estamos esperando resultados y vamos a empezar lo más rápido posible con nuestro Congreso para dar fondos destinados a mejorar la situación en sus comunidades”.
Nuevo plan
Jacobson añadió que el Gobierno de EE. UU. trabaja en un plan, tal como lo ordenó el Congreso de ese país el año pasado, en el cual uno de los cuatro pilares será el combate a las causas de la migración forzada.
La estrategia, agregó, prevé el mejoramiento de la gobernanza en los países de la región y la reducción de la corrupción para que haya más posibilidades de inversión. Al mismo tiempo el fortalecimiento de la seguridad y los sistemas de derecho.
Además, ampliar el acceso a la protección internacional mediante la reforma a los programas de asilo para que sean más rápidos y justos. A la vez prevén el impulso de maneras seguras de migrar, por ejemplo, para quienes pretendan migrar por reunificación familiar o en busca de oportunidades laborales.
Por último, la estrategia incluye un pilar de protección de la seguridad nacional y fronteriza a través de políticas que cumplan con el debido proceso y que protejan la dignidad y bienestar de las familias y garanticen que estas permanecerán juntas.
Mensaje adecuado
Jacobson indicó que uno de los principales retos de la administración Biden es garantizar que los mensajes del gobierno lleguen “de manera clara” a los países puesto que “todos sabemos que los traficantes están difundiendo mensajes muy distintos, de que la frontera está abierta y que es más fácil entrar a Estados Unidos y eso es falso”.
De acuerdo con la funcionaria, la situación en la frontera “sigue igual”, aunque no dijo si eso significa que continuarán las deportaciones. Enfatizó en que cualquier proyecto de reforma migratoria ofrecido por Biden aplicará solo a quienes estaban en EE. UU. antes del 1 de enero de este año.
“Quiero hablare a los migrantes que están pensando en viajar: la situación en la frontera no ha cambiado ustedes ponen en peligro a sus familias ya acompañantes. Ahora no es el momento para llegar a la frontera, los procedimientos no van a cambiar de la noche a la mañana”, enfatizó Jacobson.
Aferrados a la esperanza
En Matamoros, México, miles de migrantes esperan la respuesta a su petición de asilo, y el anuncio de EE. UU. de agilizar esos trámites puede aliviar un poco la cadena de penurias que ha debido pasar.
La pandemia del coronavirus les pegó duro a estos grupos que permanecen en campamentos, con limitado acceso a comida. Los primeros grupos ya cumplieron dos años en estos lugares, el mismo tiempo que duró el plan Quédate en México y que, según cifras oficiales, convocó a unos 16 mil guatemaltecos.
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