La pandemia no solo traía el coronavirus, junto a ella llegaba al país un duro impacto económico, sobre todo para las familias de clases sociales bajas, con empleos informales.
Conforme iban creciendo los números de contagios y los primeros muertos por coronavirus, en medio de las restricciones totales de movilidad en todo el país, el dinero no llegaba, la comida comenzó a escasear en muchos hogares pobres y comenzaban a enarbolarse las primeras banderas blancas.
En varios países del mundo ya había sucedido, y Guatemala no fue la excepción. Las banderas en las casas era una solicitud de ayuda. No había comida ni dinero para comprarla, ni trabajo para obtener recursos.
Principalmente en la capital las familias completas salieron a pedir ayuda, con sus banderas blancas y Guatemala, como lo ha demostrado cada vez que hay algún desastre, se unió y el llamado de auxilio fue escuchado.
El apoyo llegó desde personas que repartieron víveres, insumos de la canasta básica y dinero en efectivo a adultos mayores, madres, padres y niños que se encontraban en semáforos con su bandera blanca, que expresaban el hambre en su casa, hasta personas organizaciones sin fines de lucro que cocinaron cientos de platos de comida gratuita para repartir a los más necesitados, todo esto sin ninguna publicidad o con el ánimo de hacerlo público.
La epidemia estimuló la solidaridad y se multiplicaron las iniciativas en las redes sociales y calles para ayudar a quienes atraviesan las crisis, con gestos como trasladar al personal médico en taxi gratis, comprar cosechas de flores, verduras o frutas a punto de perderse, regalar mascarillas, armar centros de acopio para recopilar agua, víveres, enseres de limpieza y otros para los afectados de las inundaciones.
El pasado 10 de diciembre, la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, Café Rayuela y el sacerdote Jesús Rodríguez recibieron la Orden Monseñor Gerardi a los Derechos Humanos, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala en reconocimiento de su trabajo y labor humanitaria.
Desde el gobierno
El viernes 13 de marzo, pasadas las 13:00 horas, el presidente Giammattei y su equipo dieron un giro al programa de gobierno que planearon ejecutar durante la campaña electoral, luego de que se confirmar el paciente cero de coronavirus. Un hombre de 24 años que ingresó por el aeropuerto proveniente de Europa.
Entre marzo y abril se habilitó un fondo de emergencia para atender a la población afectada, Q14.6 millones se distribuyeron en 14 programas sociales. Pero al terminar el estado de calamidad, que estuvo vigente desde el 5 de marzo hasta septiembre, cuatro de ellos aún no reportaban ejecución.
Esto significó que varias guatemaltecas que cesaron sus actividades por la pandemia no recibieran ningún tipo de ayuda gubernamental y la crisis se agravara.
En la ejecución de estos programas también hubo indicios de corrupción. Diputados cuestionaron que se entregaron bonos a personas que habían fallecido o que estaban fuera del país, o se incluyó a personas beneficiarias de los distintos programas que no cumplían con los requisitos.
El 27 de mayo se anunció la creación de la Comisión Presidencial contra el Coronavirus (Coprecovid), presidida por el médico Edwin Asturias, quien desde sus redes sociales había sido crítico por el manejo de la pandemia.
Por esas fechas se cuestionaba la ineficiencia del MSPAS para dotarse de los recursos necesarios y por la falta de transparencia en el manejo de los datos. Además, se denunció corrupción de parte de MSPAS en la compra de pruebas. Estos cuestionamientos derivaron en la destitución de Hugo Monroy como ministro de salud de parte de su equipo. Se le reemplazó por la actual ministra, Amelia Flores.
Desde la llegada de Asturias a la Coprecovid, el MSPAS habilitó un tablero para publicar información actualizada de la pandemia y empezó a utilizarse pruebas de antígeno, las cuales, aunque eran menos precisas que el PCR, ayudaban a aumentar los tamizajes.
También se habilitó un semáforo para la reapertura gradual de la economía. Asturias renunció a la Coprecovid el 7 de diciembre, en medio del anuncio de una segunda ola.
Recursos utilizados
Tres decretos aprobó el Congreso para disponer de fondos para luchar contra la pandemia. Q14.360 millones fueron aprobados como recursos adicionales para combatir la pandemia y paliar la consecuente crisis económica.
Quince programas se crearon, entre estos de subsidio a servicios básicos y apoyo económico a trabajadores. Solo seis programas alcanzaron el 100% de ejecución y dos no fueron utilizados relató Prensa Libre.
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