La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) coordinó la detención de Rommel Francisco González Pinto y Nancy Aquino Montenegro, por su supuesta participación en una estructura criminal que pedía dinero a exfuncionarios públicos a cambio de desestimar investigaciones en su contra y amenazaba a auxiliares fiscales para detener pesquisas en casos de su interés.
Las capturas se realizaron en una residencia de la colonia El Mirador, zona 11 de la ciudad capital. En el inmueble también confiscaron móviles y computadores que ayudarán a fortalecer las investigaciones.
De acuerdo con el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, el grupo autodenominado “Bufete de abogados VIP” contactaba por correo electrónico a ex funcionarios y ex empleados de instituciones públicas que habían sido denunciados por la Contraloría General de Cuentas (CGC) para ofrecerles asesoría jurídica para resolver su situación legal.
Luego coordinaban una reunión para hablar sobre el caso. La estructura les hacía creer a sus víctimas que existían órdenes de captura en su contra y les pedían dinero para usar sus supuestas influencias con jueces, fiscales, el Ministerio de Gobernación y la policía para revocar las órdenes de aprehensión.
La investigación también determinó que el grupo llamó en varias ocasiones a las líneas de la fiscalía para amenazar a los auxiliares fiscales a cargo de casos de su interés para forzarlos a desestimar las denuncias.
En una ocasión, una mujer que se identificó como asesora del presidente del Congreso, Allan Rodriguez, solicitó una reunión con Campo. En otra llamada, la mujer se hizo pasar por asistente de la Secretaría Privada del MP y amenazó a los fiscales con trasladarlos a municipios lejanos.
Aquino Montenegro es señalada como la personas que realizó las amenazas por teléfono. También sería la dueña de la cuenta bancaria que usaban para recibir el dinero de las víctimas. Campo dijo que de acuerdo con información preliminar, Aquino Montenegro no era trabajadora del Congreso.
Temos información de otros eventos y reuniones dentro del MP donde estas personas asumiendo una función asesora del Congreso o usurpando otra función pretendieron obtener información privilegiada e influir para desestimar denuncias” indicó Campo.
La Fiscalía analiza si la estructura pagó sobornos a funcionarios judiciales y policiales para anular la existencia de órdenes de captura. Según Campo, la investigación es preliminar y deberán determinar si existen otras personas involucradas y víctimas del grupo criminal.
Actualmente cuentan con la denuncia de una personas que hizo un depósito a la estructura para evitar una orden de captura. Posteriormente la víctima se presentó a la fiscalía para solventar su situación legal pero el caso había sido desestimado años antes de que fuera contactado por el supuesto bufete de abogados.
Rommel Francisco González Pinto y Nancy Aquino Montenegro enfrentan señalamientos de tráfico de influencias, coacción y usurpación de funciones según una nota de El Periódico.
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