El primer estado de calamidad que se aprobó por el coronavirus dejó lecciones que deben tomarse en cuenta con la emergencia de la tormenta Eta, dicen analistas.
El estado de calamidad que se aprobó por el coronavirus dejó una serie de críticas por corrupción y demoras en la forma como se invirtieron los recursos. Ahora, de cara a una segunda emergencia provocada por el huracán Eta, hay lecciones que el Ejecutivo y sus dependencias deben considerar.
El pasado 5 de noviembre, el Ejecutivo decretó el segundo estado de calamidad por el huracán Eta, el cual aún debe se ratificado por el Congreso de la República.
Los estados de calamidad se decretan con el fin de evitar los daños de “cualquier calamidad que azote al país o determinada región”, según la Ley de Orden Público. Bajo este estadío legal las instituciones encargadas de atender la emergencia pueden realizar compras sin cumplir a cabalidad con los requisitos de la Ley de Contrataciones del Estado. Esto con el fin de agilizar la ejecución de los recursos en beneficio de las víctimas.
No obstante, al no estar sujetas las adquisiciones a los procesos que establece la ley, se corre el riesgo de corrupción en el manejo del erario, tal como se denunció durante el estado de calamidad vigente entre marzo y septiembre por el coronavirus.
Además, los estados de calamidad tampoco garantizan que las compras de bienes en favor de las personas afectadas se hagan con celeridad. Por ejemplo, para el COVID-19 se aprobó un fondo de Q14.4 mil millones que se distribuyeron en diversas entidades del Estado. Hasta octubre, siete meses después del primer contagio en Guatemala, solo tres de diez ministerios que contaban con recursos para la emergencia superaban una ejecución del 50 por ciento del dinero.
Una de las propuestas del presidente Alejandro Giammattei para atender a las víctimas de los desastres fue utilizar los Q122 millones que se decomisaron en un inmueble en Antigua Guatemala, vinculado a José Luis Benito, exministro de comunicaciones.
Sin embargo, desde el Congreso, diputados de la Bancada Semilla señalaron esta propuesta como ilegal e inviable, pues depende de procesos judiciales en marcha. Mientras tanto, propusieron crear un fondo de emergencia de Q125 millones, de los cuales Q25 millones provendrían de ahorros del Congreso y otros Q100 millones de ampliaciones presupuestarias a Consejos de Desarrollo en el decreto 20-2020.
Sobre esto, Francis Masek, secretaria de comunicación social de la presidencia, dijo que se está en la búsqueda de soluciones y “cualquier propuesta es bienvenida”. Asimismo, aseguró que durante el estado de calamidad por coronavirus se transparentó la erogación de recursos y de igual forma se continuará con la emergencia Eta.
Estas son algunas lecciones aprendidas luego de transcurrido el Estado de Calamidad que se decretó por la emergencia del coronavirus.
Riesgos
Irene Flores, analista económica del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (Cien), considera que el Gobierno de Guatemala no tiene capacidad para ejecutar y ello ha visto reflejado en las últimas declaratorias de calamidad.
A menudo, los estados de calamidad se aprovechan por unidades ejecutoras y diputados para manipular contrataciones públicas y ello impide que la ayuda llegue a los más beneficiados.
“Lo único que saben hacer políticos es declarar estado de calamidad para amañar contratos, adjudicar y que l beneficio nunca llegue a la población”, cuestiona la experta.
En ese sentido, hay que proponer reformas a la gestión pública, pero no es momento oportuno para hacerlo, dice Flores.
Pensar alternativas al estado de calamidad
Una de las lecciones a estas alturas es que la aprobación de estados de calamidad no se traduce en una ejecución más ágil, transparente y de calidad, explica Sofía Montenegro, investigadora de Diálogos.
Por lo anterior se deben pensar alternativas más allá del estado de calamidad, como procesos en la Ley de Contrataciones del Estado, como contratos abiertos, por ejemplo, que permiten abastecer de forma rápida a las unidades ejecutoras, afirma Montenegro.
Limitar las instituciones participantes
Erick Coyoy, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, afirma que el Ejecutivo debe empezar a delimitar qué entidades del Estado participaran en la mitigación de la tormenta Eta.
“Para ese conjunto de entidades debiese habilitarse mecanismos como la compra directa. Pero lo que vemos es que muchas instituciones aprovechan los estados de calamidad para hacer compras que no tienen relación con la emergencia. Eso no debiera ser permitido”, dice Coyoy.
Plan de mitigación
Samuel Pérez, diputado de la bancada Semilla, afirma que el Ejecutivo debe crear una estrategia para atender a las víctimas de Eta. Un estado de calamidad es un instrumento para flexibilizar las compras, pero sin un plan no tendrá ningún resultado, dice.
Como parte del plan se debe considerar una etapa de mitigación de la crisis, atendiendo necesidades como el hambre y otras que se derivan de la pobreza. En segunda instancia también se debe pensar en readecuar el presupuesto 2021 y priorizar la inversión en programas sociales para la población más vulnerable, afirma el congresista.
PrensaLibre
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