Tan solo del Programa de Protección para el Empleo están pendientes de ejecución cerca de Q330 millones, recursos que no pueden ser utilizados porque finalizó el Estado de Calamidad.
Uno de los pocos aciertos que analistas atribuyen al trabajo del Legislativo fue la aprobación de decretos que permitieron una ayuda económica a las familias guatemaltecas afectadas por la pandemia, pero la parte operativa a cargo del Organismo Ejecutivo ha presentado varios problemas, a criterio de diputados.
El más reciente saltó a la vista el pasado 29 de octubre cuando los ministerio de Economía y Trabajo emitieron un comunicado conjunto, en el escrito explicaron que el aporte económico a favor de los trabajadores suspendidos finalizó el 30 de septiembre.
Según las carteras se ayudó a 188 mil 139 trabajadores, quienes habrían recibido Q75 diarios luego que empresas suspendieron a sus empleados, por no contar con los recursos económicos suficientes para solventar la planilla.
Pero esta decisión no es aceptada por algunos diputados que aseguran que sus decretos de ayuda social no estaban sujetos a la temporalidad del Estado de Calamidad, más sí al estado de emergencia vigente en el país a consecuencia del coronavirus, del que el propio presidente afirma es inminente una segunda ola de la enfermedad.
El bloque legislativo Compromiso Renovación y Orden (Creo) cito a los titulares de los ministerio de Economía y Trabajo para saber cómo se puede solucionar el problema y utilizar esos Q330 millones.
Antonio Malouf, ministro de Economía, explicó que tienen en mente que se impulse desde el Ejecutivo un proyecto de ley, que permitiría reorientar esos fondos que, en apariencia, se encuentran con candados.
“Habíamos pensado hacer un anteproyecto de ley para apoyar a las industrias específicas que siguen golpeadas; está el turismo, la de los artistas, restaurantes…tenemos un listado de industrias que siguen golpeadas, y así poder nosotros en octubre, noviembre y diciembre, que son como 92 días, poder asignar a estos trabajadores alguna cantidad”, refirió el ministro.
Problema legal
El pasado 6 de octubre, frente al mismo bloque legislativo, Rafael Rodríguez Pellecer, ministro de Trabajo, dijo que podían seguir entregando la ayuda a los trabajadores hasta que se quedarán sin fondos, ahora la versión que dio a los congresistas es que para hacerlo se necesita de un Estado de Calamidad que ya no está vigente.
“Se tiene una gradualidad porque el coronavirus causa que se decrete el Estado de Calamidad, pero lo que ocasiona que se suspendan las actividades es el decreto del Estado de Calamidad donde se habla de la suspensión de actividades, entonces por eso, a nuestro criterio, el Fondo de Protección del Empleo si está vinculado directamente a la medida y no a la emergencia del Covid – 19”, argumentó el funcionario.
Rechazan posturas
El diputado Rodolfo Neutze, jefe del bloque Creo, solicitó a las autoridades del ministerio de Trabajo documentos legales en donde sustenten esos argumentos, recordando que en esta última oportunidad el Congreso ni siquiera entró a discutir una prorroga en la medida de excepción porque no fue enviada desde el Ejecutivo.
“Yo quiero in dictamen de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y entonces según su interpretación el culpable de esto es el Presidente porque como no mandó el Estado de Calamidad no lo pudimos aprobar y no hay disposiciones, nosotros queremos resolver el tema, usted ministro de Trabajo tiene en sus manos resolverlo…creo que ya estamos claros que ustedes encontraron la excusa perfecta”, señaló el congresista.
Cristian Álvarez, legislador de Creo, también se mostró en contra de la sugerencia de Malouf, “hicimos un acuerdo para todos, la pandemia no perdonó, venir a decir que ahora quieren un acuerdo específico…lo bueno de las leyes generales es que todo aquel que cumple puede llegar y pedir una suspensión que es bueno, ahora decir que quiero algunas empresas ya viene lo que huele feo, lo que huele a compadrazgo”.
El titular de economía respondió que su intención no es esa, únicamente piensan en alternativas que permita utilizar para ayudar a alguien con esos fondos, de lo contrario pasarían al fondo común.
Hubo errores
Para Fátima Montenegro, integrante de la organización social Diálogos, el Fondo de Protección para el Empleo tiene problemas, incluidos algunos de transparencia, lo que a su vez repercute en no entender la suspensión del beneficio cuando aún se tienen fondos.
“No parece que exista claridad por parte de ambas carteras sobre el impacto esperado del fondo de protección, en ese sentido, el ministerio de Economía no ha publicado ni brindado datos sobre los beneficiarios del programa, no sabemos cuántos recibieron los Q75 diarios por tres meses y cuántas empresas retomaron sus labores y no siguieron recibiendo el fondo, sin esto no existe información técnica sobre la decisión de suspender el programa a consecuencia de la finalización del Estado de Calamidad, decisión que de hecho no se ha tomado para ningún otro programa. Es por ello que la decisión es poco clara y con mucha ambigüedad”, refirió.
Para el analista económico Hugo Maul, el programa tuvo sus errores, pero logró establecer bases en un escenario complejo y en poco tiempo, señala que la sugerencia del Ministro de Economía es viable, pero considera que a futuro se tiene que conseguir una respuesta real y no seguir aplazando un problema que hasta puede ser inevitable.
“El fondo funciona bajo una suspensión temporal del contrato laboral con lo cual siguen corriendo todas las demás prestaciones, la empresa tiene la obligación de recontratar a la persona en su determinado momento, pero algunos sectores por lo que se ve quizás lo que convendría más sería buscar una salida ordenada de estas empresas mediante un proceso de insolvencia bien regulado a seguir manteniendo este tipo de cargas, a final de cuentas cuando termine la situación la empresa debe de encarar el problema y si no tiene futuro por razones de la pandemia es mejor tomar una decisión antes que después”, precisó.
Mides en la mira
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) también fue objeto de críticas la semana pasada cuando anunció una reducción en el tercer pago del Bono Familia.
Según las estimaciones de la cartera se vieron en la necesidad de reducir la entrega a Q250 porque hay más beneficiarios inscritos, pero existe cerca de Q1 millón 100 mil que no puede ser entregado entre los beneficiarios porque el monto en centavos no puede ser canjeado en cajeros automáticos.
Por ello la cartera analiza si estos fondos podrían servir para nuevas familias o si tendrá que irse al fondo común. Raúl Romero, titular de la cartera, enfrenta un proceso de interpelación y este tema se incluirá en las repreguntas del diputado interpelante.
PrensaLibre
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