Analistas coinciden en que, esta vez, el Presupuesto General de la Nación surgió en medio de una opacidad que no permitió la discusión amplia, lo que puede entenderse como una intencionalidad de los políticos de turno de controlar a su beneficio el gasto público.
El análisis con los académicos
Paul Boteo, de la Fundación Libertad y Desarrollo; Nicholas Virzi, director ejecutivo del Centro de Estudios Económico-Sociales (Cess); Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), y Jonathan Menkos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), sostuvieron una reunión con el equipo editorial de este matutino.
Los criterios de los cuatro economistas también convergen en que el impacto para el país es grave, porque el próximo año se alcanzan niveles de deuda que son peligrosos para la liquidez del país y podrían redundar en una baja de la inversión.
Hay consenso en que el país, antes de debatir un nuevo pacto fiscal en el que cambien las prioridades y capacidades del Estado para recaudar e invertir, la transparencia en el uso de los recursos públicos debe ascender a la agenda nacional y ocupar una posición de mayor prioridad a la que ha tenido.
El hecho de que el país capitalizara una buena reputación macrofiscal y que ahora esté en juego, debería ser el parteaguas para corregir la senda, antes de que sea irreversible.
Estos son los siete pecados identificados:
1. Codicia: Privilegios para políticos
Aunque el pleno del Congreso haya aprobado el mayor presupuesto de la historia, en un año con pandemia y estragos por desastres naturales, no responde a las verdaderas necesidades de país, e incluso no hay garantías para la fiscalización de recursos; lo único evidente, según expertos, es el pago de favores.
“En el dictamen de la Comisión de Finanzas ya estaban incluidos Q1 mil 400 millones para los consejos de Desarrollo, y veo que finalmente así se aprobó. Yo considero que esa es la moneda de negociación que se utilizó, y creo que fue la forma como se hicieron las negociaciones para poder aprobar la propuesta del Ejecutivo. No olvidemos, también, que se incrementó el presupuesto del Congreso para la compra de un edificio, y uno dice: En estos momentos, ¿cuál es la prioridad? Son Q100 millones que se pudieron utilizar para mitigar las necesidades de las personas”, expresó Paul Boteo.
Jorge Lavarreda añadió que los diputados aprovechan el luto de muchos, como consecuencia de la pandemia, las mismas medidas de prevención por el covid–19 y las recientes tormentas, para evadir los mecanismos de transparencia.
2. Soberbia: A espaldas de un país
Luego de la presentación del dictamen, el diputado Jorge García Silva, de Prosperidad Ciudadana, planteó una moción para incluir en el orden del día la discusión del presupuesto. Es el mismo diputado que propuso exonerar de impuestos durante cien años a nuevas empresas, quien incluyó en un punto resolutivo por el covid-19 las reformas finales a la Ley de Oenegés y quien está por ocupar una secretaría en la próxima junta directiva.
“Nos parece abrupta la decisión de aprobar en la madrugada el proyecto de presupuesto, cuando quedan suficientes días, de acuerdo a la ley, para aprobar el presupuesto de una manera más ordenada, con mayor conocimiento que la sociedad pueda tener del mismo. Hay un problema en la forma en la que se ha aprobado el presupuesto basado en opacidad. Eso, obviamente, genera mucha incertidumbre y dudas sobre las componendas o acuerdos detrás de esta aprobación”, refirió Jonathan Menkos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Nicholas Virzi, representante del Centro de Estudios Económico–Sociales (Cees), comentó: “Se refleja que cuando hay voluntad política para hacer las cosas se hacen rápidamente. En este caso, no lo considero algo positivo, porque la forma opaca en que se aprueba el presupuesto, ya con los índices de corrupción que tiene el país, desde mi perspectiva, un presupuesto de este tamaño no viene al caso, es imprudente”.
3. Secretismo: Dictamen exprés y a escondidas
Aunque la Comisión de Finanzas del Congreso defendió su trabajo para la emisión del dictamen del presupuesto del 2021, las últimas audiencias no fueron públicas ni transmitidas en las redes sociales del Parlamento hasta que llegó el momento en que diputados firmaran.
“La dinámica que se siguió en el Congreso es lo que nos hacer ver que ellos sí temían, los diputados, que se pudieran dar manifestaciones explicitas de la ciudadanía y que hubiera sido un contrapeso”
Paul Boteo, integrante de Fundación Libertad y Desarrollo
“En esta recta final, mi conclusión es simple y sencillamente que se hizo una negociación, digamos, fuera de los ámbitos públicos, y cuando llega a los ámbitos que marca la ley fue en el mínimo tiempo para poder cumplir las formalidades, pero es obvio que ya se había negociado la aprobación”, señaló Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
Para Paul Boteo, integrante de Fundación Libertad y Desarrollo, hubo premura para la presentación del dictamen, posiblemente para esconder asignaciones presupuestarias que evidencian favores políticos.
“Si no levantamos nuestra voz y no somos enérgicos con condenar lo que pasó en el Congreso, será un patrón que va a seguir de aquí en adelante, donde van a negociar todo detrás de la ciudadanía”, dijo Boteo.
4. Irresponsabilidad: Disciplina fiscal comprometida
Atender los efectos del covid-19, junto con los estragos causados por los efectos de las tormentas Eta e Iota, fueron las justificaciones para mantener el monto del presupuesto en Q99 mil 700 millones, así como el aumento de la deuda pública que se estableció en Q32 mil 368 millones.
Sin embargo, eso ha encendido las alertas por el riesgo de desconfigurar la estabilidad macroeconómica.
La disciplina fiscal que Guatemala venía tratando en los últimos años, con déficit fiscales controlados, está en riesgo, y eso empezará a generar otros problemas, como la atracción de capitales o cambios en las notas de las agencias calificadoras. Ya estamos en alerta.
Nicholas Virzi, director ejecutivo del CEES
La propuesta del proyecto del presupuesto que fue aprobado por el Congreso está desfinanciada, no se corrigieron los cálculos de recaudación y la carga tributaria se mantendrá en 10%, por lo que sigue siendo baja, consideró Jonathan Menkos Zeissig, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Para Nicholas Virzi, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos y Sociales (Cees), el problema grave es de fondo, y la nueva deuda se estaría acercando arriba de 300% respecto de los ingresos, y eso es una alerta para el Fondo Monetario Internacional, que ya estamos en esa zona.
Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, dijo que estamos sobre el límite en la relación ingresos fiscales respecto de la deuda pública en 314%, y con lo que aprobó el Congreso se pasó del 26% al 33% la relación deuda-PIB este año y para el 2021 la relación será de 36%. “Estamos en un incremento impresionante del nivel de deuda, pero la tragedia es que si el endeudamiento sirvió para algo, uno podría decir que está bien; pero el problema es que se endeuda para financiar un presupuesto que es opaco”.
5. Opacidad: Obras sin rendición de cuentas ni planificación
Los expertos señalan que el presupuesto no cuenta con una planificación adecuada en los proyectos que se incluyeron en el Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip).
Para Lavarreda, del Cien, está claro que hay problemas con el Snip, porque no hay reglas del juego que garanticen que los proyectos que se van a hacer sean socialmente rentables y que sean obras que representen una mejora a la sociedad en su conjunto, y no para lo particular.
El otro gran problema es el sistema de adquisiciones y contrataciones, y señaló el caso del Ministerio de Comunicaciones, que tiene una buena asignación de recursos, pero que a la vez está plagado por una serie de casos de corrupción.
“Este presupuesto es el reflejo inadecuado del ciclo de política pública, es decir, estamos con un pecado original de una mala planificación y el tema es cuáles son las inversiones que se deben hacer como país, cuánto cuestan cuánto hay que destinar. Y todo eso requiere una planificación; que el ciclo empieza mal y terminal mal”, agregó.
Para concluir el ciclo, está la etapa de rendición de cuentas, de monitoreo y evaluación, pero hay una serie de programas que se repiten cada año con las entidades y no hay estudios para conocer los impactos y los costos razonables.
Menkos, de Icefi, precisó que el presupuesto se reorientó al pago de favores políticos.
6. Indolencia: No responde a necesidades de la población
El mensaje de los diputados con la aprobación del presupuesto es que no responde a las necesidades de la ciudadanía, expresó Paul Boteo.
“No se está dando respuesta a la población en los términos de lo que se está viviendo por las tragedias y ni en la parte económica”, dijo.
El presupuesto no brinda una respuesta a las personas ni al sector económico que produce. En 2021 continuarán las dificultades para reactivar la producción nacional y también en los hogares. Este año podríamos terminar con 1.2 millones más de pobres.
Jorge Lavarreda, del Cien, dijo que la venta del presupuesto por el Ejecutivo era el capítulo de reactivación económica, y esa era la importancia para aprobarlo por proyectos que sumaban Q4 mil 560.8 millones en obras específicas ya identificadas. Comentó que, al analizarlo, los ajustes más importantes se realizaron en ese capítulo, y la parte de reactivación fue una especie de venta mercadológica.
Los diputados reorientaron Q1 mil millones para la reconstrucción de la tormenta Eta y Q1 mil 400 millones para la reactivación económica local.
Menkos resaltó que es un presupuesto que no va a reactivar la economía ni a luchar contra la desnutrición crónica, ni mejorar la cobertura educativa para poder retener a los estudiantes que salieron del sistema en el contexto por la continuación de la pandemia.
7. Desfinanciamiento: Ingresos proyectados sin respaldo
El presupuesto de ingresos conlleva mejorar los ingresos tributarios, ya que se plantearon Q63 mil 560 millones.
Virzi, del Cees, consideró que por la estabilidad macroeconómica se deben fijar las reglas fiscales o convocar a un nuevo pacto fiscal para que se discutan los términos básicos sobre los cuales se deberían manejar las finanzas públicas.
“Estos niveles, en función de los bajos ingresos fiscales, van a llevar a un peor desastre”, expresó. Añadió que Guatemala debe eliminar la incertidumbre de la situación fiscal.
Lavarreda indicó que se están incrementando los ingresos tributarios en Q1 mil 675 millones, específicamente Q1 mil millones en otros impuestos directos, y se coloca ese bolsón, y se incrementan en Q500 millones otros impuestos indirectos.
“Nuevamente, hemos dicho que estas asignaciones deben responder a impuestos específicos, al ISR, IVA o lo que sea, y el resultado de esos bolsones es que no quedan claros los esfuerzos de si va a recaudar en qué impuestos”, señaló.
Comentó que, desde la crisis financiera del 2009, no se han logrado alcanzar las metas de recaudación, y solo en el 2015 y en el 2018 se logró porque no se aprobó el proyecto de presupuesto, y eso es un problema grave.
Menkos aseguró que el país va por la senda de la insostenibilidad fiscal y que la recaudación tributaria sigue siendo débil.
PrensaLibre
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