Piden al gobierno verificar las transacciones de Comunicaciones. El Colegio de Ingenieros Acción Ciudadana requirieron hacer cambios en el Ministerio de Comunicaciones.
El Colegio de Ingenieros de Guatemala y la organización Acción Ciudadana requirieron al gobierno verificar las transacciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y hacer cambios en esa cartera.
Por medio de un comunicado de prensa emitido por ambas entidades se detallaron los hechos de corrupción detectados en el CIV, los cuales involucran a funcionarios, exfuncionarios y empresarios.
La corrupción en el CIV es histórica, estructural y sistémica”, se señaló.
Más de una docena de funcionarios entre ministros, viceministros, directores y miembros de juntas de calificación enfrentan proceso judicial por delitos de corrupción como colusión, cohecho activo y pasivo, fraude, lavado de dinero, financiamiento ilícito de campañas electorales, etcétera”.
También se indicó que con los diversos cambios de autoridades gubernamentales no se han buscado los mecanismos para modificar esa situación, sino que la han aprovechado.
“Sabiendo esto, nuevos gobiernos prefieren sacar provecho de los vicios del sistema que entrar a modificarlo de tajo”.
Los hechos más recientes que demuestran la corrupción en el CIV, conocidos por la población, son:
El hallazgo de más de Q122 millones localizados en un inmueble de La Antigua Guatemala, vinculado al exministro José Luis Benito.
La posible pérdida de más de Q135 millones de la Dirección General de Caminos, lo cual causó la destitución de Fredy Cojolán como titular de esa dependencia.
Proponen solución a la situación en Comunicaciones
En la nota se emitieron tres recomendaciones para solucionar la situación:
Implementar una auditoría independiente contable y técnica de ingeniería a todas la unidades que conforman el CIV con participación de profesionales de reconocida honorabilidad, ética y experiencia para identificar hallazgos y malas prácticas en la ejecución de los proyectos y en la administración de los recursos asignados a esa cartera.
Con los resultados obtenidos, determinar las acciones judiciales a seguir, para que quienes resulten implicados en actos anómalos, rindan cuentas ante la justicia.
Proponer una ruta de cambio que lleve a una reforma integral de la institucionalidad vigente con participación amplia de sectores sociales independientes.
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