PDH recomienda a magistrados de la CC cumplir su mandato

El procurador Jordán Rodas indicó que en caso de incumplimiento de deberes de alguno de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad, se certifique lo conducente.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, recomendó a la Corte de Constitucionalidad (CC) cumplir con su mandato.

Asimismo, señaló que en caso de incumplimiento de deberes de parte de alguno de sus integrantes se debería certificar lo conducente.

Por medio de un comunicado, el magistrado de conciencia expresó su preocupación por los ataques políticos en contra de la institucionalidad del alto tribunal.

Y resaltó que este es el órgano encargado de velar por la defensa y respeto a la Constitución Política de la República y de los derechos humanos de la población.

También se refirió al caso del magistrado Neftaly Aldana, quien se encuentra sufriendo problemas de salud, razón por la cual su familia solicitó al pleno que sea suspendido de sus funciones.

Rodas expresó que la solicitud de licencia por enfermedad no es causa de cesantía, según lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

De igual forma, mencionó que es necesario que todos los magistrados de la CC cumplan sus deberes y participen de los plenos convocados, a fin de resolver la petición de licencia sin goce de sueldo declarada por los parientes del togado.

En ese sentido, recomendó a los magistrados asistir a las sesiones que sean convocadas para abordar el tema.

También, velar por el respeto de la institucionalidad del más alto tribunal constitucional, “reconociendo que su integración es legal y legítima”.

Magistrados independientes

Rodas recordó que la Constitución y la Ley de Amparo y Exhibición Personal establecen que los magistrados de la CC son designados por diferentes instancias.

Sin embargo, destacó que tal designación no conlleva funciones de representatividad y los magistrados ejercen su mandato con independencia.

Finalmente, dijo que no existe norma jurídica que establezca la “representación” de las referidas entidades como requisito para integrar el máximo tribunal constitucional de la república.

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