Los señalamientos contra el CIV de las últimas semanas rememoran casos de corrupción en la cartera de comunicaciones.
La corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) tiene un largo historial. En los últimos años, al menos cuatro casos que involucran actos ilícitos de lavado de dinero, sobornos y sustracción de fondos públicos se han develado en esa cartera.
Los señalamientos por manejos indebidos de los recursos del CIV no iniciaron en este gobierno ni finalizarán con él. A menos que se mejore la fiscalización de los recursos o se cambie el modelo para contratar obra pública, los escándalos continuarán a flor de piel, advierten analistas.
Edie Cux, de Acción Ciudadana, explica que la cartera de comunicaciones tiene uno de los presupuestos más grandes y eso la hace apetecible para quienes quieren obtener beneficios del erario. Este año se le asignaron Q6 mil 053 millones 380 mil y luego se le aumentaron Q700 millones. Para 2021, la propuesta del Ejecutivo es dotarla de Q10 mil 242 millones.
De ser aprobado por el Congreso, se convertiría en el segundo ministerio con el presupuesto más grande, solo por debajo de Educación. Comunicaciones tendría más recursos que Salud, pese a que la pandemia sigue vigente.
A esto se suma el hecho que hay pocos controles sobre el gasto público en el CIV, dice Cux.
“Los sistemas de control para contrataciones y la Ley de Contrataciones del Estado son muy débiles y permiten anomalías como las que se han denunciado. Además, el civ, por la cantidad de recursos que administra, siempre ha sido de interés de políticos para el pago de campañas y favores”, afirma el entrevistado.
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, explica que se debe cambiar la forma mediante el cual se adjudican obras de infraestructura vial, ya que el modelo actual es muy permeable a la corrupción.
En ese sentido, recalcó que es necesario aprobar la Ley de Infraestructura Vial, que entre otros aspectos propone que los pagos de las obras no se hagan completos, sino por anualidades.
“Ese cambio ayudaría a que el país tenga carreteras en mejores condiciones. No se pagaría si la obra no está concluida en buenas condiciones. Y no se paga toda la obra, sino por anualidades que pueden llegar a 30 años, con lo cual se hacen contratos a largo plazo”, argumentó Zapata.
La ley también ayudaría a que los nombramientos que se hagan en puestos clave obedezcan a criterios técnicos y no políticos. Contrario a lo que se vio el lunes en la citación que tuvo el director de Caminos, Fredy Chojolán, con la bancada UNE en la que no pudo explicar el destino de una transferencia de Q135 millones, dijo Zapata.
Corrupción
Medir los costos de la corrupción es una tarea compleja, ya que se trata de un fenómeno con carácter oculto y que a menudo no se denuncia, refiere el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales en su publicación Sus caminos, su impacto en la sociedad y una agenda para su eliminación.
Una propuesta metodológica para medir su impacto, explica Ricardo Barrientos, del Icefi, es analizar dentro de los casos judicializados cuánto dinero se desvió o se utilizó de forma incorrecta y cuánto beneficio podría representar si se hubiera invertido en salud o educación, por ejemplo.
En el contexto actual, Barrientos señaló que es preocupante que el CIV no ofrezca garantías de transparencia ni probidad en el manejo de recursos. Recordó que en el proyecto presupuesto del próximo año, en el capítulo de reactivación económica, se incluyen Q2 mil 882 millones para infraestructura vial que podrían ser objeto de corrupción con las autoridades actuales.
“Nadie discute la necesidad de carreteras. Pero es grave que sea la prioridad número uno en este presupuesto y no tenga sustento técnico. (El CIV) tiene un historial de corrupción pero además, por lo que vimos en el escándalo de ayer, ya hay corrupción (en la actual administración)”, cuestionó Barrientos.
PrensaLibre
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