Para finales de este mes o principios del próximo se podría formar una nueva caravana de migrantes hondureños, por lo cual organizaciones sociales reclaman que el fenómeno se atienda de forma integral.
Representantes de los gobiernos de Guatemala y Honduras se reunieron el pasado lunes en Puerto Barrios, Izabal, con el objetivo de discutir estrategias para minimizar el paso de una posible nueva caravana que se había anunciado para finales de octubre o inicios de noviembre.
Esta probable movilización de ciudadanos hondureños preocupa a las autoridades de ambos países, pero no tanto por sus causas, sino por sus consecuencias, entre estas el temor que despiertan posibles contagios de coronavirus.
Esto es censurado por organizaciones de derechos humanos quienes señalan que los gobiernos, no solo el de Honduras, sino del Triángulo Norte deben dialogar sobre soluciones integrales para la problemática migratoria de los países, ya de por sí fuertemente golpeados por la pobreza y la violencia, que han empeorado a raíz de la pandemia.
El gobernador de Izabal, Hector Alarcón, dijo en unas declaraciones que ofreció el lunes al final de la reunión de que “no podemos darnos el lujo de permitir el ingreso al territorio de personas que ingresen sin controles de salud”. En ese sentido, en los participan, no solo miembros del Instituto Guatemalteco de Migración, sino también de la Policía Nacional Civil y del Ejército.
El motivo de la reunión, añadió el funcionario, es “evitar que estas personas vengan a contaminar o poner en peligro la salud” de los guatemaltecos.
No obstante, el director Migración, Guillermo Díaz, asegura que la intención no es coartar el derecho a la migración, sino que esta se efectúe de manera segura y ordenada.
Cifras de la reciente caravana
3,055 personas reportaron su ingreso por la frontera de El Corinto
30 menores viajaban solos en el grupo
36 personas solicitaron refugio
3,953 retornaron voluntariamente a Honduras luego de haberse internado a Guatemala
“Estamos conscientes de la necesidad de movilización e la gente, pero nosotros abogamos por una migración regular. Esperamos un plan mejorado de tal manera que las lecciones aprendidas nos lleven a mejorar nuestro desempeño”, aseguró Díaz.
Según el funcionario, basados en la experiencia de la caravana de principios de octubre, Honduras pondrá puestos de control y vigilancia a lo largo de la ruta que de San Pedro Sula conduce a la frontera de El Corinto, a su vez Guatemala hará lo mismo en la ruta de ingreso, se instalarán puestos de auxilio y se podrá énfasis en la protección de niños y personas vulnerables.
“Queremos que pasen haciendo uso al derecho y facilidad que les permite el acuerdo CA-4, y que cumplan con el protocolo de Salud de forma ordenada y segura”, aseguró el funcionario.
En la anterior movilización que tuvo lugar al nada más abrirse las fronteras guatemaltecas, más de cuatro mil migrantes hondureños ingresaron a suelo nacional. La mayoría lo hizo por la frontera de El Corinto, en Puerto Barrios, Izabal.
Muchos de ellos se internaron sin reportar su ingreso a Guatemala que, debido a la pandemia, exige a cualquier extranjero una prueba negativa de covid-19, de antígeno o PCR, con no más de 72 horas de haberse hecho. Esto aplica para cualquier persona mayor de 10 años.
El presidente Alejandro Giammattei decretó un estado de Prevención para expulsarlos del país y evitar que la caravana llegara la frontera con México. Al final de cuentas la mayoría optó por retornar a Honduras.
Abordaje integral
Organizaciones humanitarias hondureñas se han pronunciado en contra de las medidas represivas para frenar la migración escudadas en la pandemia del coronavirus, sobre todo porque las movilizaciones no se detendrán si no se abordan las causas fundamentales que la originan; es decir, la pobreza y la violencia que se vieron agravadas por la emergencia.
Hasta hace pocos años, en Honduras la causa principal de la huida de las personas era la inseguridad, pero desde el 2018 (cuando empezaron las caravanas) para acá los papeles se han invertido y la economía figura como la primera razón del éxodo.
Para Carlos Sierra, integrante del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras, los movimientos militares y policiales para contener la migración son “medidas equivocadas” que los gobiernos continúan adoptando a pesar de que en el pasado no les han dado resultado, puesto que la migración no se detendrá hasta que se encuentren soluciones a sus causas y no solo a los efectos.
Sierra señala que las medidas restrictivas solo vuelven más arriesgada la migración, además de que fomentan la corrupción puesto que se ha escuchado que funcionarios de las aduanas hacen cobros ilegales para dejar pasar a las personas.
Agregó que la pandemia ha dejado más violencia y pobreza. Esto, sumado a un mal manejo que el Gobierno a hecho con los recursos públicos, causará una expulsión de hondureños como nunca se ha visto.
Que aborden las causas
Juan Luis Carbajal, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de Guatemala, comentó que las reuniones de los gobiernos deben ser, no solo para abordar qué medidas represivas se van a adoptar, sino también para pensar en las soluciones humanitarias que se les pueden ofrecer, ya que los derechos a migrar y a la salud son universales y no pueden verse limitados por la pandemia.
Además, hizo un llamado al Gobierno de Honduras para que se cuestione seriamente por qué sus ciudadanos y su riqueza más grande, los jóvenes, están huyendo del país ya que por más manipulación que pueda haber, política o de cualquier tipo, lo cierto es que “cuando una persona está en su país de origen con su familia y viviendo dignamente no va a arriesgarse a caminar kilómetros, por más dinero que le ofrezcan”.
“Mucha gente ni siquiera entiende la realidad geopolítica de los países, pero hay una realidad palpable y es que estas personas tienen hambre y quieren huir”, enfatizó.
PrensaLibre
Comentarios