Los diputados siguen sin priorizar iniciativas para el fortalecimiento económico e institucional, donde resalta la necesidad de futuros acuerdos para la aprobación del presupuesto y la elección de Cortes.
Desde el comienzo del segundo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso han transcurrido dos meses, tiempo en el que los diputados no han logrado llegar a los acuerdos que les permitan cumplir con sus responsabilidades.
El próximo 13 de octubre se cumple un año de retraso en el cambio de autoridades judiciales en Guatemala.
La tardía elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es tan solo una de ellas, y a criterio de expertos el contexto nacional, a consecuencia del nuevo coronavirus, obliga a que los congresistas piensen en proyectos de ley para fortalecer la economía, la seguridad y el apoyo social.
Para fortuna de los diputados parte de esa tarea ya está hecha, incluso algunos proyectos ya han sido aprobados en una de las tres lecturas necesarias para el nacimiento de una nueva ley.
Pero el problema surge cuando las diferencias entre diputados y bancadas frenan la agenda, algo que se ha reflejado en las sesiones plenarias de agosto y septiembre, haciendo previsibles el desarrollo de cada una de ellas.
Aunque la propuesta de agenda se apruebe en las sesiones de Jefes de Bloque, ni siquiera ese consenso se percibe durante las plenarias y hasta ha sido motivo para levantar la reunión, como ocurrió el pasado martes 29 de septiembre.
Paquete económico
A criterio del sector empresarial es necesaria la aprobación de iniciativas de ley que permitan mitigar la inestabilidad económica que ha dejado el coronavirus, resaltando los siguientes proyectos: Ley General de Infraestructura Vial, Ley de Leasing, Ley de Insolvencias y Ley Reguladora del Convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo, Sobre el Trabajo a Tiempo Parcial.
“Cada iniciativa tiene su propio tema, pero yo diría que la más importante es la Ley General de Infraestructura Vial que ayudaría no solo a aumentar el número de empleos disponibles en el país, se estima que solo en el primer año se crearían 166 mil nuevos empleos, se atraería casi 2 mil millones de dólares al año en inversión extranjera, esa es una de las más importantes”, según Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).
Incluso con el primer proyecto, Zapata añadió: “Otro de los efectos importantes es que ayudaría también a darle mayor viabilidad a otros sectores como el turismo, la logística del comercio, los servicios, entonces claramente es de las más importantes, creemos que con solo aprobarla ya sería un gran impulso para Guatemala”.
Inestabilidad legal
En concepto de seguridad es necesario que el Legislativo apruebe reformas a la Ley de Orden Público, así como emitir reformas a la Ley de Servicio Civil, según explicó Francisco Jiménez, integrante del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades) y exministro de Gobernación.
Pero además de esas iniciativas se necesita que los diputados prioricen la elección de magistrados a la CSJ, según Jiménez, dejar inestable a un organismo tan importante es el equivalente a abrirle la puerta al crimen organizado.
“Las condiciones de inestabilidad institucional el mayor beneficiario es el crimen organizado, el narcotráfico, cuando hay un Estado con impunidad, débil y con institucionalidades que están quebrando el gran ganador es la delincuencia organizada, no digo que quienes no eligen Cortes estén a favor del narcotráfico, pero indirectamente se les genera ese beneficio a los grupos criminales”, refirió.
Falta visión social
Otro de los aspectos en que los diputados deben de centrar su labor es el proyecto de presupuesto 2021, que según Sofía Montenegro, integrante de la organización social Diálogos, carece de acciones de ayuda social para mitigar la pandemia.
La experta considera necesario que durante la fase de dictamen, que está a cargo de la Comisión de Finanzas, o ya sea durante la redacción final, se presenten algunas modificaciones que permitan la continuidad de los programas sociales.
Destaca el programa Bono Familia, porque los efectos de la pandemia permanecerán por algún tiempo, “el presupuesto no está acomodado, o por lo menos no se está pensando, a un contexto social y económico de pandemia y post pandemia. Esto va en la línea de la comunicación que ha hecho el gobierno, se ha dicho bastante que estamos en un momento transitorio de reactivación, si uno observa las estadísticas de los casos, la segunda ola que se ve en otras regiones, yo creo que esa debe de ser la prioridad”, indicó.
Sin cambios
La propuesta del orden del día para las sesiones plenarias de este martes y jueves no tienen mayor cambio a las vistas en otras semanas. La interpelación al ministro de Desarrollo Social ocupa un punto prioritario, por mandato legal, y al último, una vez más, la elección de Cortes.
Durante la sesión de Jefes de Bloque de ayer el diputado Carlos Barreda, jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), adelantó que va a proponer en la plenaria la creación de una comisión para indagar en las diferencias que mantiene el binomio presidencial.
“A mí me parece que hay que ir a hablar con el presidente y el vicepresidente para saber qué pasa, si está alguno con un problema de seguridad, si uno de los dos se siente afectado o bloqueado y verificar que el Organismo Ejecutivo esté funcionando como debe de funcionar, para eso está la Constitución Política de la República de Guatemala”, explicó.
Por su parte el diputado Álvaro Arzú Escobar, jefe de bloque de Partido Unionista, aprovechó y destacó como punto medular la actual crisis que sufre la Corte de Constitucionalidad (CC).
PrensaLibre
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