El uso de la Ley de Acceso a la Información Pública incrementó a partir de 2015, luego de que salieran a luz pública casos de corrupción que involucraron a altos funcionarios de gobierno.
Cuando la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) se aprobó en 2008, la expectativa era que las personas encontraran en ella una herramienta para ejercer su ciudadanía. Doce años después se evidencia que su uso para requerir información a las entidades que administran o ejecutan recursos públicos se multiplicó.
En el 2019, se presentaron 86 mil 715 solicitudes de información a 1 mil 258 entidades que tenían obligación de rendir cuentas. La demanda se incrementó con relación al primer año de la ley en 2009, cuando se interpusieron 11 mil 289.
Estos datos se desprenden del Informe de Situación del Derecho Humano de Acceso a la Información Pública 2020, que presentará hoy la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información, que se conmemora cada 28 de septiembre.
La LAIP se aprobó en octubre de 2008 y entró en vigor en abril de 2009. La normativa garantiza a toda persona, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar información, de forma gratuita, a cualquier entidad que administre o ejecute recursos públicos.
Al amparo de la ley las personas pueden, por ejemplo, fiscalizar la forma en que las instituciones erogan el erario, o bien, conocer los datos personales que de ellas consten en archivos estatales, el uso que se les da y el derecho a actualizarlos o corregirlos.
El ejercicio de este derecho ha sido atípico este año por la crisis sanitaria del covid-19. Lilian Sierra, titular de la Secretaría Ejecutiva de Acceso a la Información Pública de la PDH, explica que una de las dificultades se da porque el personal de las instituciones labora desde casa y esto impide que se brinde la información que requieren ciudadanos con prontitud.
“Se ha requerido información que se encuentra en determinados archivos y la persona encargada de resguardarlos no se encuentra en el lugar (por estar laborando a distancia)”, dice Sierra.
Al respecto, una de las recomendaciones que hicieron fue que se hiciera uso del correo electrónico para recibir solicitudes.
A esto se suma el cambio de administración, que implicó que en varias entidades se cambiara al personal de las unidades de información pública por otro que no estaba capacitado y exigen requisitos que están fuera de ley. Por ejemplo, que los solicitantes presenten su documento de identificación personal, cuando según el Código Civil una persona se identifica solo con nombre y apellido.
La Secai se encuentra elaborando un informe más amplio del tema que se podría presentar en los próximos meses, dijo la funcionaria.
Silvio Gramajo, consultor en temas de acceso a la información y secretario de la comisión presidencial para la transparencia y combate a la corrupción durante 2010 y 2011, considera que esto se debió a los casos de corrupción que develó el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esto despertó el interés de la ciudadanía a exigir que las instituciones rindieran cuentas.
“Esto demuestra que cada vez más hay interés y que la población hace uso de la ley, lo cual aún no es suficiente”, explica Gramajo.
El experto dice que el aumento anual que se ha dado en la última década podría estancarse si concurren dos condiciones. Una, que baje el interés de las personas a pedir información, aunque esto es poco probable.
La segunda es si el Estado genera una verdadera política que promueva la transparencia y que signifique una mayor publicidad de los actos de la administración pública. Eso podría hacer que descienda el número de solicitudes, puesto que gran parte de información estaría disponible sin necesidad de hacer un requerimiento formal, apunta Gramajo.
Actualmente, uno de los obstáculos al derecho de acceder a la información es que el Estado aún no dota de recursos financieros, humanos, logísticos y tecnológicos a sus unidades de información pública. Esto afecta la atención a la ciudadanía, señala el experto.
PrensaLibre
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