330 días sin elección de magistrados de cortes en Guatemala dejando un sistema de justicia lento y poco eficiente.
La elección de cortes no se limita a ser un problema de las altas esferas de poder ni de élites económicas y tampoco políticas.
Es un proceso de interés general y, aunque no lo parezca, la integración de las magistraturas incide en una justicia pronta y cumplida, y un sistema eficiente.
Hoy se cumplen 330 días de un período extendido en el Organismo Judicial y sin visos de que prospere la elección.
Cargos codiciados
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones están por cumplir seis años en el cargo, uno más que el de su período constitucional, un caso inédito desde el retorno a la democracia. De dicha tardanza son responsables muchos actores que buscan privilegiar sus propios intereses.
Además, el hecho de que el Congreso y el Ejecutivo interfieran en la elección trae como consecuencia que los magistrados electos no sean independientes.
En opinión de Yolanda Pérez Ruiz, exmagistrada de sala de Apelaciones y expresidenta del Colegio de Abogados y Notarios (Cang), a todos los ciudadanos les afecta que un juez no sea independiente, porque en cualquier momento puede ser usuario del sistema de justicia.
“¿Cómo puedo estar segura de que ese magistrado o juez no responderá a intereses ajenos a la justicia? (…) No es que en el pasado hayamos sido totalmente independientes, pero al menos la intromisión de los poderes políticos del Estado no había sido tan descarada como en los últimos años”, resalta Pérez Ruiz.
Asimismo, hizo ver que la mayoría de personas supone que la CSJ solo es el órgano esencial del sistema de justicia, pero también es un ente político en la “correcta concepción de la política”. Su importancia radica en la visualización del control que tiene sobre el Ejecutivo y Legislativo para que no abusen de los derechos de los ciudadanos.
Pérez Ruiz agregó que las salas de Apelaciones cobran mayor relevancia, porque controlan la manera en que los jueces aplican el Derecho y cómo justifican sus decisiones en los casos.
“Ahí es donde se ‘cocina’ la observancia de la Ley y la aplicación de la justicia dentro de un caso concreto. Las salas de Apelaciones son fundamentales. Son el ‘colador’ de los jueces de Primera Instancia, las que definen hacia dónde va la administración de justicia en el país. Por eso es trascendental que vayan los más honestos, idóneos, los mejores”, resaltó, al reconocer que por su importancia esos cargos son muy codiciados, sobre todo en zonas conflictivas, porque el papel del juez es muy importante desde el punto de vista social.
En total, en el país hay 45 cortes de Apelaciones y están integradas por el magistrado presidente y dos magistrados vocales.
Postulación
En febrero de 2019 el Congreso convocó a las postuladoras, siete meses antes de que venciera el plazo de los actuales magistrados. Y aunque los legisladores procuraron acelerar el proceso, la Corte de Constitucionalidad (CC) les ordenó, mediante un amparo, que lo hicieran en el tiempo que señala la Ley de Comisiones de Postulación.
Las comisiones están integradas por un rector que preside, decanos de las universidades donde haya facultad de Derecho, representantes de abogados, magistrados de Apelaciones o de la CSJ.
La exdiputada Nineth Montenegro, ponente de la Ley de Comisiones de Postulación, explicó que la importancia de las comisiones de postulación es que funcionan como un puente para que las nóminas de candidatos lleguen depuradas al Legislativo y así proceder a una selección óptima.
“Se ideó de esa forma porque se creía que la academia era ajena a la politización y que por sus conocimientos iban a tratar de escoger a los candidatos por su proyección humana, su capacidad, sus valores éticos. En cambio, si se hacía directamente con el Congreso se iba a politizar”, indicó Montenegro.
Pero la academia acabó por politizarse y fue capturada.
Durante la elección, organizaciones presentaron amparos ante la CC por supuestas irregularidades detectadas durante su desarrollo, por lo que la corte suspendió el trabajo de la postuladora de la CSJ y ordenó que iniciara desde cero. Según la resolución, las comisiones debieron solicitar al Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) información sobre jueces y magistrados aspirantes.
Además, el día en que la postuladora de la CSJ definió la lista de candidatos y la entregó al Congreso, el Ministerio Público capturó a Gustavo Alejos, señalado de corromper el proceso por estos vicios, y la CC amparó a la fiscalía y suspendió de forma temporal la elección en el Congreso, porque ya tenían la lista de los candidatos de Apelaciones y de la CSJ en sus manos.
En la actual elección uno de los operadores más visibles fue Alejos, financista de campañas políticas, ex secretario privado de la Presidencia, actor clave en los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y del extinto Partido Patriota, e investigado por otros casos de alto impacto.
El Movimiento Pro-Justicia indicó, en un informe, qué actores buscaban incidir en la elección. Uno de ellos es Roberto Villatoro, conocido como “el Rey del Tenis”, quien recién obtuvo arresto domiciliario en un caso de tráfico de influencias en la elección de cortes de 2014, y quien supuestamente mantuvo canales directos de comunicación, por medio de familiares y seguidores, con magistrados, jueces y diputados.
La misma situación de Villatoro tiene Gustavo Herrera, conocido como “el Gato Herrera”, quien está asilado en Nicaragua y señalado en un caso de desfalco millonario en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), según el informe.
Después de todo este entramado y que las listas de los candidatos para integrar las cortes ya llegaron al Congreso, la elección continúa en el limbo y sin fecha para que se lleve a cabo.
Prensa Libre
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