Otto Pérez Molina se entregó a la justicia el 3 de septiembre de 2015. Ingresó a los tribunales como mandatario y un par de horas después salió como expresidente.
Los presuntos abusos en el cargo le costaron su puesto y la libertad. Cinco años después, persiste ese ambiente de corrupción.
Cuando la investigación del caso denominado La Línea se conoció comenzó a desmoronarse el gobierno del extinto Partido Patriota (PP). Los primeros señalamientos apuntaban a funcionarios de gobierno, pero su alcance llegó a la cúpula de varios altos cargos de turno, incluido el binomio presidencial.
Pérez Molina anunció la renuncia de Roxana Baldetti el 8 de mayo y cuatro meses después él dimitió del cargo, tras perder la inmunidad por un Congreso que le dio la espalda y una orden de captura en su contra por el caso La Línea.
En ese expediente el militar retirado espera fecha para juicio en un tribunal de Mayor Riesgo. Será juzgado por caso especial de defraudación aduanera, cohecho pasivo y asociación ilícita. Pero las investigaciones también lo vinculan al caso Cooptación del Estado, en el que está pendiente la audiencia de acusación y la de primera declaración en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado.
Un lustro después de un proceso de lucha contra la corrupción, que muchos califican de histórica, los avances en la fiscalización de la administración pública se vieron frenados y, quizá, hasta hayan retrocedido.
“Hubo mucho respeto, en ese momento, a la institucionalidad. Se respetó el trabajo de la fiscalía. No tuvimos ningún boicot de autoridades de Gobernación que impidiera que continuáramos desarrollando nuestra función, como sí ocurrió otra vez con otro jefe de Estado”, explicó Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
Pérez Molina ha solicitado en cuatro oportunidades arresto domiciliario. Su estado de salud ha decaído en los últimos dos años, según su abogado defensor, quien califica como una tortura el proceso judicial que enfrenta el exmandatario.
“El proceso se ha convertido en una tortura a la filosofía garantista del proceso penal en Guatemala. Realmente hay dos abusos: el primero es no juzgar, y el segundo, el de la prisión preventiva. El Código Procesal Penal tiene como finalidad mantener a la gente en libertad; sin embargo, esto quedó en tinta, en papel y letra muerta”, expresó César Calderón, defensor de Pérez Molina.
En septiembre de 2015 se le dictó prisión preventiva a Otto Pérez Molina después de renunciar por su posible implicación en el caso La Línea.
Sigue la corrupción
Tras la caída de Pérez Molina la silla presidencial estuvo ocupada por Alejandro Maldonado Aguirre, quien entregó el cargo a Jimmy Morales. Expertos consideran que en este punto los avances en contra de la corrupción se vieron saboteados.
“Estas estructuras se han resistido a dejar ese tipo de prácticas y la percepción de corrupción se mantiene. Según una medición de Transparencia Internacional, nos encontramos en los peores índices de corrupción desde el gobierno de Morales y ahora el gobierno de Giammattei mantiene también algunas de esas prácticas”, resaltó Eddie Cux, director de Acción Ciudadana (AC).
Es necesario que la población se interese en la política, pero los antecedentes en Guatemala han degradado la percepción que un ciudadano tiene del político y el funcionario.
“Nos hace falta formación cívica y también que exista una ciudadanía más consciente; que el líder político sepa que si ofrece en campaña A o B, y si no cumple, la población le pedirá cuentas y no se regirá por un signo, una gorra o una canción. Ese es un camino aún por recorrer”, comentó Raquel Zelaya, directora de la Asociación para la Investigación en Estudios Sociales (Asíes).
Nueva percepción
El mandatario Alejandro Giammattei creó la Comisión Presidencial contra la Corrupción, de la que en campaña dijo que sería una entidad capaz de solventar la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Óscar Dávila, quien dirige esa comisión, coincide en que ese ambiente de corrupción viene desde la pasada administración, pero que a medida que la población conozca el trabajo de su oficina esa mentalidad puede cambiar.
“A raíz del gobierno anterior, en el ranking de corrupción se ha visto muy mal a Guatemala. Es una percepción que se da más con la salida de la Cicig y luego, por un tiempo, quedó acéfala la lucha contra la corrupción, pero una de las primeras acciones del gobierno actual fue crear la comisión, bien vista a nivel internacional”, señaló.
Reformas
Aunque las expectativas que dejó el 2015 fueron altas, hacen falta reformas legales que permitan redireccionar al país, según José Echeverría, integrante del Movimiento Cívico Nacional (MCN).
“A través de la persecución penal no se va a lograr reformar a las instituciones que deben ser reformadas, es una consecuencia de un debilitamiento institucional. Yo creo que deben cambiar de una forma seria y profunda el sistema electoral, judicial y la administración pública”, indicó.
David Gaytán, consultor en temas de transparencia, resalta puntos positivos que dejaron las acciones del 2015. “Aunque no todo ha cambiado como nos gustaría a la mayoría de guatemaltecos, considero que se marcó una época distinta para Guatemala”.
Señalados
Entre algunos de los primeros exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota que encararon a la justicia por posible corrupción resalta Gudy Rivera, expresidente del Congreso, involucrado en sobornos para manipular la elección de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ). El caso llegó a juicio y se emitió una sentencia condenatoria.
Los exministros Mauricio López Bonilla, Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio fueron señalados y capturados por el caso Cooptación del Estado en el evento denominado La Coperacha. Alejandro Sinibaldi, quien se entregó hace poco, también figura dentro del proceso junto a Erick Archila, exministro que permanece prófugo de la justicia.
También Juan de Dios Rodríguez, expresidente de la Junta Directiva del IGSS; Gustavo Martínez, exsecretario privado de Pérez Molina, y Daniela Beltranena, exdiputada y amiga de Roxana Baldetti, son exfuncionarios señalados por posible actos de corrupción.
Prensa Libre
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