La llegada de la pandemia a América ha invisibilizado más las desigualdades y discriminaciones que sufren las mujeres indígenas y las ha dejado, de nuevo, fuera de las políticas que implantaron los gobiernos para enfrentar a el COVID-19.
Es por ello que las líderes indígenas de la región, que ya es el epicentro de la enfermedad con más de 10 millones de casos, se han visto en la obligación de unirse para, por medio de un informe, denunciar la falta de atención de los Estados en medio de esta crisis que ya las ha dejado sin empleo y las ha expuesto aún más a la violencia y al contagio.
“Nuestra tarea es visibilizar lo históricamente invisible. Este contexto de dolor, de frustración y muchas veces de impotencia nos enfrenta a una realidad histórica y estructural“, explica a Efeminista la peruana Tarcila Rivera, coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), que reúne a más de treinta organizaciones indígenas de mujeres y mixtas en 23 países.
La organización ha logrado detectar que la gran mayoría de mujeres indígenas no ha podido escapar de la triple discriminación por género, raza y clase que se ha exacerbado en el contexto de la enfermedad y que se ha convertido en un problema que los países han decidido ignorar.
Invisibles y excluidas de las estadísticas
Rivera menciona que las comunidades indígenas ni siquiera ha sido consideradas dentro de la segregación de estadísticas, lo que les ha impedido, por ejemplo, acceder atención médica y a ayudas económicas.
“Muchas mujeres recorren las calles con sus hijos en brazos porque no tienen para comer. A ellas no les tocó el bono, ¿por qué? por la invisibilidad en los registros. No estamos en las estadísticas ni en los datos desagregados“, denuncia.
La coordinadora asegura que si el Estado peruano, en su caso específico, hubiera pensado en estas comunidades habría llamado a sus dirigentes para intentar resolver el problema, pero esa llamada nunca llegó.
Esa invisibilidad también se vio reflejada en la atención prioritaria. Indira Vargas, una joven indígena ecuatoriana, afirma que ellas mismas tuvieron que gestionar la atención sanitaria luego de que en el centro de salud cercano a su comunidad se negaran a revisarlas. Esto pese a que varias de sus compañeras estaban embarazadas.
“Pedimos ayuda, pero nunca se acercaron. No tenían ambulancias y dos mujeres dieron a luz en casa”, cuenta desde su natal Pastaza, en el oriente ecuatoriano.
“La falta de atención no ha sido solo en esta cuarentena. Los pueblos indígenas en la Amazonía han estado abandonados porque la Amazonía solo está destinada a ser explotada por el Estado”, denuncia Vargas.
Más expuestas a la violencia
La violencia tampoco ha dado tregua a las indígenas durante la pandemia. “Una mujer, indígena, pobre, con tres hijos y con un marido que de repente no tiene ni trabajo se convierte en el blanco de la violencia de esa persona. Tenemos mujeres que en este contexto han tenido que soportar violencia en su propia casa”, cuenta Tarcila Rivera.
La dirigente explica que las mujeres indígenas están acostumbradas a conseguir dinero propio con ventas diarias para no depender de sus maridos, por lo que las restricciones de movilidad las ha vuelto más vulnerables. “Se queda en la casa y ese ambiente es totalmente tóxico.
Las condiciones de exclusión y de carencia agudizan y profundizan la violencia doméstica. La mujer se ha visto más expuesta a la violencia porque no tiene ese recurso económico que le servía para dar de comer a sus hijos y no depender de un marido violento”.
En el caso de las más jóvenes, algunas han sido captadas por redes de trata o son prostituídas sin ningún tipo de cuidado o protección frente al contagio. En Paraguay, por ejemplo, al menos veinte niñas indígenas de los pueblos Guaraní y Nivaclé, de entre 11 a 17 años, quedaron embarazadas durante la cuarentena.
“Las jóvenes amazónicas están expuestas a situaciones terribles porque no tienen ingresos. No pueden ir a sus comunidades a ver comida o sus papás no les pueden mandar. No tienen para comprarse lo básico como las toallas sanitarias, por lo que todo esto se agudiza. Nadie ha pensado en estas necesidades específicas”, reclama.
Si bien a la organización han llegado reportes de situaciones de violencia, la falta de estadísticas también impide que se tomen decisiones adecuadas para enfrentar esta violencia.
El retorno de la ciudad al campo
La falta de recursos económicos por la pérdida de empleo también obligó a que muchas mujeres y jóvenes indígenas que habían migrado a la ciudad se vieran obligadas a volver a las comunidades.
Muchas dependían del día a día o no tenían un trabajo formal
“Después de más de 30 días de cuarentena muchas mujeres indígenas decidieron regresar de la ciudad, emprendieron el retorno porque en las comunidades se tiene yuca, plátano, lo básico”, relata Tarcila Rivera.
Rivera señala que las mujeres decidieron regresar luego de que ellas mismas intentaran implementar una serie de medidas como la “olla común” para que muchas otras pudieran subsistir.
Sin embargo, el retorno también puede ser peligroso para muchas mujeres, especialmente si deciden volver solas, pues en el camino son víctimas de violencia sexual por parte de hombres que se encuentran en la ruta.
A su llegada, en cambio, ponen en peligro a sus familias ante la imposibilidad de acceder a pruebas que descarten la enfermedad.
Eso precisamente fue lo que sucedió en la comunidad de Indira Vargas, donde cerca de cincuenta mujeres se enfermaron de el COVID-19. “En mayo nos dimos cuenta que la comunidad se había contagiado. No sabíamos qué pasaba. Tratamos de que venga el ministerio de Salud y aunque después de tanto insistir vino un equipo, les dijeron que era solo un resfriado porque no presentaban síntomas”, recuerda.
Las medidas de reparación
Desde ECMIA creen que es indispensable que se garantice una participación “plena, representativa, informada y efectiva” de las mujeres indígenas en el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria y mitigar sus efectos en el contexto post-crisis.
Además, que se provea transporte desde las comunidades hacia los centros de salud para que las mujeres indígenas puedan recibir atención oportuna materno-infantil y establecer subsidios económicos específicos “con énfasis en mujeres y juventud indígenas y con un enfoque intercultural y de género“.
EFE
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