Mañana el CANG elige magistrados titular y suplente a la CC

Para  la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), entidades fiscalizadoras consideran vital la participación de la mayor cantidad de colegiados para dar respaldo y legitimidad a la decisión.

El gremio de abogados tiene una oportunidad de oro para reivindicarse tras la designación del juez Mynor Moto como magistrado constitucional, quien no pudo asumir el cargo por enfrentar señalamientos por corrupción que le costaron dos órdenes de aprehensión, y pasar de administrador de justicia a prófugo de ella.

Nueve candidatos para la magistratura titular y seis para la suplente competirán mañana en la elección del Colegio de Abogados y Notarios (Cang) para la Corte de Constitucionalidad 2021-2026. Algunos de ellos recibieron objeciones y señalamientos que ponen en duda su idoneidad.

La organización Alianza por las Reformas considera que de elegirse magistrados cuestionados peligra el fortalecimiento de la justicia, y en este sentido menciona a Estuardo Gálvez, Nester Vásquez, Luis Ruiz y Erick Castillo.

La entidad fundamenta sus inquietudes en sus aparentes nexos con grupos de poder, extremo que fue rechazado por Gálvez y Castillo. Vásquez y Ruiz no atendieron los mensajes y llamadas telefónicas de Prensa Libre para hablar sobre tales reticencias.

Junto a estos recelos prevalecen problemas históricos en las designaciones que tiene bajo su responsabilidad el Cang, por su trascendencia.

Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas, indicó que “es todo el gremio el que votará, pero funcionan a través de redes, muchas por amistad, compañerismo, agrupaciones que se van construyendo por afinidad en cada facultad de Derecho. Vemos que desde la Usac se ha construido una serie de estructuras vinculadas a los departamentos y a las sedes regionales”.

Voto y apoyo grupal

Otro de los problemas recurrentes en las designaciones del Cang es el acarreo de votos, pero al parecer este año la dinámica se extendió a toda la campaña, puesto que asociaciones de abogados en los departamentos, según algunos candidatos, impedían que sus integrantes escucharan su plan de trabajo con libertad.

“Es seguro que quienes impiden que se conozcan los planes de otros aspirantes sean afines a la continuidad; es decir, a planillas que han ganado elecciones más recientes y que han estado a cargo del Cang en los últimos años”, expresó Sebastián Morales, analista de Guatemala Visible.

“La responsabilidad y libertad cívica no son delegables a juntas directivas o líderes de grupos (…) Esto no es un proceder adecuado, no lo consideraría alineado con los valores y los principios de una sociedad democrática”, señaló por su parte Eduardo Mayora, que se postula para magistrado titular y asegura haberse percatado del fenómeno anterior en sus viajes de campaña.

Francisco Rivas, otro de los postulantes, coincide en identificar esa dinámica. “Los abogados no pueden dejar de participar; de lo contrario, las mafias, el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico se van a posicionar y tomarán el control de nuestro máximo tribunal”, enfatizó.

Niegan nexos

Gálvez manifestó que no existen fundamentos para los señalamientos en su contra. “No pertenezco a ningún sector, no hay nadie que esté sobre mí para decirme cómo debo tomar mis decisiones. No pertenezco a grupos económicos ni políticos; por lo tanto, no es cierto que no pueda garantizar una independencia en mis decisiones”, expuso.

Asimismo, hizo ver que no observó la indiferencia gremial organizada que mencionan otros candidatos. “Esa afirmación es absurda e irrespetuosa (…) Elegir y ser electo es un derecho que todos tienen; el acudir o no a una actividad es el derecho de cualquier ciudadano”, resaltó.

A su vez, Castillo dijo que en su estrategia destaca como punto clave la independencia. Recordó que aunque fue abogado de la hermana de Roberto López Villatoro, alias el rey del Tenis, solo cumplió con una tarea profesional que no lo vincula a ningún acto criminal o grupo de poder.

“En lo personal no tengo compromisos. Ninguno, con ningún grupo de interés político o económico. Solo estoy abocándome a todos los abogados para que emitan un voto independiente (…) El artículo 12 de la Constitución señala que la defensa técnica es inviolable, y sobre esa base me correspondió, como profesional del Derechom cumplir con mi deber constitucional”, puntualizó.