Los embarazos en niñas y adolescentes es fruto de la desprotección que el Estado tiene hacia la población más joven del país, y van en aumento, pero en el 2020 la pandemia deja una secuela de casos que no fueron registrados y que son invisibilizados en las cifras oficiales.
Un mal en aumento
Año con año se reportan más embarazos adolescentes en Guatemala, y el cierre del 2020, sin duda, reflejará una cifra mayor que en 2019 cuando el Ministerio de Salud contabilizó 114 mil 858, y es que el covid-19 ha dejado ocultos muchos de estos casos, que no se reflejarán en las cifras oficiales.
La pandemia hizo más vulnerables a las niñas y a las adolescentes a la violencia sexual, el confinamiento las obligó a vivir bajo el mismo techo de sus agresores. Las investigaciones señalan que en tres de cada 10 casos los embarazos son producto de la violación por parte del padre de las jovencitas, mientras que otros seis, el agresor es un pariente cercano.
“De marzo a agosto del 2020 hubo un confinamiento duro, las niñas y las adolescentes no estaban en las escuelas, ni en las iglesias, ni en los espacios públicos, ¿en dónde estaban? En casa. Entonces, el abuso y la violencia sexual está en el hogar, en la familia o muy cerca de ella”, refiere Otto Rivera, de Ciprodeni.
“Aunque suene panfletario y reiterativo, es el patriarcado y el machismo que redundan en un desprecio absoluto por las mujeres, en donde somos vistas y consideradas como seres descartables, entonces, no importa realmente lo que nos pasa”, refiere la socióloga Walda Barrios-Klée, investigadora del programa de Estudios de Género y Feminismos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Guatemala).
Agrega que mientras no se cambien los patrones culturales la situación no cambiará. “Tenemos buena legislación, incluso, se suscribió la carta prevenir con educación, pero hay una oposición feroz a la educación integral en sexualidad que es una de las maneras de enfrentar el problema”, dice la socióloga, posición que comparte Rivera.
Guatemala, Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos y Quiché, son los departamentos que más casos registran, este no es un problema de diferenciación urbana o rural, como tampoco de ladinos e indígenas, se da en todos los estratos.
Otro de las causas del subregistro es que los servicios de salud se vieron interrumpidos durante los meses más álgidos de la emergencia sanitaria en el país, las restricciones de movilidad impidieron que las menores se acercaran a los centros de asistencia y limitó el acceso al control prenatal -la norma dice que son ocho evaluaciones durante el embarazo-, la atención del parto en el hospital, a la atención psicológica, pero también que su condición fuera registrada en el Sistema de Salud.
El Código Penal establece que cada embarazo en una menor de 14 años es producto de abuso sexual y debe ser denunciado, y la pandemia también limitó el acceso a la justicia para que las víctimas expusieran las agresiones ante las autoridades y que estas fueran investigadas.
Llegar a los lugares donde se hacen las denuncias no es fácil, quienes viven en las áreas rurales deben tener dinero disponible para movilizarse y para darle continuidad al caso. Debido a las restricciones muchos procesos quedaron parados tanto en el Ministerio Público como en el Organismo Judicial.
Durante la pandemia tener acceso a servicios de salud y a la justicia no ha sido opción para muchas de estas jóvenes madres, en el caso de la niña de 13 años, su comunidad queda a cuatro horas de la cabecera departamental. Con los estragos causados por Eta y por Iota el camino se hizo más largo e intransitable.
Montenegro señala que parte del problema es el tiempo que se tarda el cumplimiento de las normas y los protocolos del Sector Justicia, para seguir los casos, además de la poca transparencia del sistema.
Ciprodeni tiene la hipótesis de que solo una de cada tres niñas y adolescentes que son abusadas sexualmente resultan embarazadas, por lo que las violaciones superan a los embarazos infantiles y adolescentes que han sido reportados. El problema se agrava ante el subregistro.
“Guatemala necesita urgentemente un sistema de protección integral y de garantía de derechos que le ponga un hasta aquí a la violación sistemática de derechos de las niñas y adolescentes”, dice Rivera.
En el corto plazo se necesita con urgencia una campaña nacional de alerta temprana, de advertencia sobre el abuso y la violencia sexual. Ciprodeni trabaja en ello y busca asociarse con jóvenes para que sean ellos los que lleven el mensaje a este grupo vulnerable. Lo harán en los 25 idiomas del país.
También se requiere mejorar la atención primaria y secundaria a las víctimas y a las posibles víctimas de abuso y violencia sexual según un artículo de Prensa Libre.
Comentarios